(Análisis) La JEP, un tribunal costoso que refuerza la percepción de impunidad

El reciente fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los miembros del antiguo secretariado de las FARC, ha generado un profundo malestar en la sociedad colombiana, particularmente, entre las víctimas del conflicto armado. El pronunciamiento, que impone penas mínimas consistentes en actos de reparación simbólica y actividades sociales, ha sido recibido como una afrenta frente al dolor causado por décadas de secuestros, desapariciones, reclutamientos forzados, violaciones, asesinatos selectivos y crímenes de lesa humanidad; reconocidos por los excomandantes de la guerrilla.

El fallo no solo llega de manera tardía, tras años de espera por parte de quienes anhelaban justicia real, sino que también refleja la naturaleza misma de la JEP como un tribunal concebido en el marco del Acuerdo de Paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos, entre él y las FARC. Su propósito era investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, otorgando beneficios judiciales a quienes confesaran la verdad completa y asumieran compromisos de reparación a las víctimas.

Sin embargo, en la práctica, las decisiones de la JEP han reafirmado los temores iniciales de amplios sectores sobre que se trataba de un mecanismo diseñado más para proteger a los excombatientes de las FARC que para garantizar justicia a quienes padecieron sus delitos.

Penas irrisorias frente a crímenes atroces

El aspecto más cuestionado del fallo radica en la desproporción entre los crímenes confesados y las sanciones impuestas. Los excomandantes del secretariado no cumplirán un solo día de cárcel. En su lugar, se les asignan “sanciones propias” que consisten en labores de carácter social, con una duración máxima de ocho años. A esto se suma que la JEP descuenta el tiempo de desmovilización, lo que en la práctica reduce el cumplimiento real de esas penas a menos de un año en algunos casos.

Para las víctimas, esta decisión es una burla y quienes ordenaron secuestros masivos, controlaron redes de narcotráfico, impusieron terror en comunidades rurales y ejecutaron crímenes atroces; podrán seguir participando en política y ocupar curules en el Congreso sin que su responsabilidad judicial los limite.

El contraste con el trato que reciben los militares y agentes del Estado investigados por crímenes en el marco del conflicto es abrumador. Muchos de ellos han enfrentado procesos largos, privación de la libertad y sanciones severas. De ahí que algunos sectores califiquen a la JEP como la “Justicia Especial para la Impunidad de las FARC”.

Un tribunal costoso y de resultados pobres

Más allá del debate moral y político, está el balance económico de la JEP. Desde su creación, el tribunal ha representado una carga millonaria para el presupuesto nacional. Se estima que su funcionamiento anual supera el medio billón de pesos cada año, con una estructura robusta de magistrados, funcionarios y equipos de apoyo. En casi siete años de operación, su costo acumulado se cuenta en billones de pesos, recursos que salen directamente del erario público.

Este gasto contrasta con los magros resultados, pues los fallos emblemáticos se han demorado años en llegar, y cuando finalmente se anuncian, generan rechazo social por la ausencia de sanciones proporcionales. Al mismo tiempo, la reparación material a las víctimas sigue siendo insuficiente. Las FARC no han devuelto en su totalidad los bienes que prometieron para resarcir a quienes sufrieron despojo y desplazamiento. En muchos casos, los listados de bienes entregados resultaron ser inventarios inflados o carentes de valor real.

El costo político y social de sostener a la JEP es aún más alto yha erosionado la confianza ciudadana en el sistema judicial y en la promesa de justicia transicional.

Origen y vigencia de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada en 2017 como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Su mandato incluye investigar y sancionar las violaciones más graves de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado.

El modelo se diseñó con un horizonte temporal de 15 años, prorrogable por cinco más, lo que significa que estará vigente al menos hasta 2032. Esto implica que Colombia seguirá destinando cuantiosos recursos a su sostenimiento, aun cuando sus resultados sigan siendo cuestionados.

El propósito original de la JEP era cerrar las heridas del conflicto mediante un sistema que equilibrara verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, lo que la sociedad percibe hoy es un desequilibrio en el que la verdad se ofrece de manera fragmentaria, la justicia se relativiza y la reparación se diluye en promesas incumplidas.

Impacto en las víctimas y en la sociedad

Las reacciones de las víctimas son un reflejo de la frustración nacional. Para quienes fueron secuestrados, perdieron a sus familiares en cautiverio o sufrieron violencia sexual, escuchar confesiones de los responsables sin que estas se traduzcan en sanciones proporcionales es un doble agravio. Se sienten utilizadas como una pieza más en un engranaje que buscaba la legitimidad internacional del proceso de paz, pero que no ha honrado su dolor ni su derecho a la justicia.

La percepción generalizada es que el país ha invertido enormes recursos para mantener un tribunal que en la práctica ha protegido a los victimarios más poderosos, mientras que las víctimas siguen esperando justicia real.

Una herencia de impunidad costosa

El fallo contra los exjefes de las FARC confirma lo que críticos de la JEP advirtieron desde su creación. Se trata de un tribunal que, en lugar de garantizar justicia, asegura la participación política de quienes antes fueron responsables de crímenes atroces. Esto, además, sin haber entregado los bienes prometidos ni reparado integralmente a las víctimas.

En términos económicos, sociales y políticos, la JEP representa hoy una de las instituciones más cuestionadas del Estado colombiano. Su permanencia por lo menos hasta 2032 asegura que el debate sobre su eficacia y legitimidad seguirá abierto.

La conclusión para muchos colombianos es clara, se sacrificó la justicia en nombre de la paz, pero ni la paz llegó plenamente ni la justicia se garantizó. En su lugar, lo que permanece es un tribunal costoso que alimenta la percepción de impunidad y deja una profunda herida en la confianza ciudadana frente al Estado y sus instituciones.

La JEP en cifras

Aspecto	Realidad de la JEP	Impacto percibido
Año de creación	2017, como parte del Acuerdo de Paz de La Habana.	Nació con la promesa de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Horizonte de funcionamiento	15 años, prorrogables por 5 (vigente hasta al menos 2032).	Colombia seguirá financiándola por más de una década.
Presupuesto anual aproximado	Entre 450.000 y 500.000 millones de pesos.	En 7 años supera los 3 billones de pesos invertidos.
Fallo más reciente	Sanciones contra exjefes del secretariado de las FARC.	Sin cárcel, solo trabajos sociales por máximo 8 años (menos de 1 año real por descuentos).
Bienes entregados por las FARC	Inventarios inflados con bienes de escaso valor real.	Reparación económica a víctimas sigue siendo mínima.
Víctimas reconocidas por el sistema	Más de 9 millones en el Registro Único de Víctimas.	La mayoría aún espera verdad, reparación y justicia.
Participación política de exFARC	Garantizada pese a las confesiones de crímenes de lesa humanidad.	Rechazo social: responsables en el Congreso sin sanción proporcional.
Percepción social	“Justicia Especial para la Impunidad de las FARC”.	Irritación, desconfianza en las instituciones y revictimización.