(ANÁLISIS) La Constituyente de Petro, entre la frustración política y la erosión del Estado de derecho

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras años de persecución judicial y revocó la condena impuesta por la juez Sandra Heredia, no solo marca un hito judicial, sino que ha provocado una reacción política y emotiva sin precedentes en el presidente Gustavo Petro. El mandatario, visiblemente molesto con la decisión, volvió a recurrir a su recurso favorito cuando algo no sale a su favor, como lo es amenazar con una Asamblea Nacional Constituyente, esta vez anunciando una recolección de firmas para convocarla desde la Plaza de Bolívar.

El anuncio, más que un gesto de participación popular, ha encendido las alarmas entre juristas, académicos y sectores políticos que advierten un riesgo real de quiebre institucional. Petro, que ya ha utilizado la idea de la “revolución en las calles” para lo que se ha gestado el llamado “Congreso de los Pueblos” como mecanismo de presión sobre los poderes legislativo y judicial; parece ahora apuntar a un objetivo más ambicioso, el de reconfigurar el orden constitucional de 1991 para ampliar su margen de maniobra política y concentrar poder bajo el argumento de “dar voz al pueblo”.

La reacción de un Presidente acorralado

Desde el comienzo de su mandato, Gustavo Petro ha mostrado una tendencia recurrente, y es que cada vez que el Congreso, la justicia o incluso los medios frenan sus proyectos o decisiones, responde con discursos incendiarios y llamados a movilizaciones populares. Ocurrió cuando el Legislativo le hundió la reforma a la salud; ocurrió cuando la Corte Constitucional frenó decretos y nombramientos irregulares; y ocurre nuevamente tras el revés judicial que devuelve la libertad plena y la legitimidad política al expresidente Uribe, su principal adversario ideológico.

Petro no ha ocultado su malestar. En su discurso, cargado de simbolismo político, apeló al “poder constituyente del pueblo” para justificar una recolección de firmas que, según él, permitiría convocar una Asamblea Constituyente popular, un mecanismo inexistente en la Constitución de 1991. Su intención, más allá de lo jurídico, parece ser mantener viva la narrativa de confrontación, situándose como víctima de un sistema que, según su discurso, le impide gobernar por las “élites políticas y judiciales”.

Sin embargo, esta postura pone en entredicho el respeto del mandatario por los límites constitucionales. La Carta Magna no permite modificar la Constitución por vías informales o plebiscitarias. Y si bien el poder constituyente reside en el pueblo, su ejercicio está sujeto a procedimientos específicos, justamente para impedir que un líder, en nombre de “la voluntad popular”, desborde los controles institucionales.

Una iniciativa sin sustento constitucional

El profesor David Mendieta González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, lo resume con claridad al afirmar que la propuesta de Petro carece de soporte jurídico. La Constitución solo contempla tres mecanismos de reforma, el acto legislativo, el referendo y la Asamblea Constituyente; esta última, regulada estrictamente por el artículo 376.

Para que exista una Asamblea Constituyente, primero se requiere una ley aprobada por el Congreso, debatida en cuatro instancias, y posteriormente avalada por la Corte Constitucional. Solo entonces podría convocarse al pueblo para su aprobación mediante voto popular, con un umbral mínimo de 14 millones de votantes, equivalente a una tercera parte del censo electoral; una cantidad que está lejos de los votos alcanzados por Petro en su elección presidencial.

Nada de esto puede sustituirse por una recolección de firmas o una convocatoria unilateral del Ejecutivo. Lo que Petro propone, advierten expertos, no es un ejercicio de participación ciudadana, sino un desafío directo al orden jurídico y a la separación de poderes.

“Convocar una constituyente al margen de la ley no solo es inviable, sino peligroso”, sostiene Mendieta. “Significa romper las reglas del Estado Social de Derecho y abrir la puerta a la desinstitucionalización del país”, explica el profesor de la Universidad de Medellín.

Del populismo a la erosión institucional

El contexto en el que surge esta propuesta no es casual. El gobierno Petro enfrenta una crisis política, diplomática y de legitimidad sin precedentes que se agrava con el distanciamiento con Estados Unidos tras la descertificación antidrogas, las denuncias sobre presuntos vínculos con el Cartel de los Soles, el deterioro de la economía y el aislamiento internacional que dejó su último discurso ante la ONU, donde acusó a Washington de ser “cómplice del genocidio en Gaza”.

A ello se suma la absolución de Uribe, que desmorona una de las banderas discursivas más sostenidas del petrismo con la narrativa de un expresidente “impune” y responsable de los males del país. Ante ese escenario, Petro busca reactivar su base política con una propuesta emocional, radical y simbólica, que le permita recobrar protagonismo.

Sin embargo, más que fortalecer la democracia participativa, esta estrategia parece orientada a socavar los contrapesos institucionales. En la práctica, un llamado a la “constituyente popular” sin aval legal es una manera de amedrentar a las instituciones y de poner en duda la legitimidad de los fallos judiciales que no favorecen al gobierno.

El peligro de una deriva autoritaria

Colombia ya ha visto en América Latina cómo el recurso a “asambleas constituyentes populares” ha servido como vehículo de perpetuación del poder. Los casos de Venezuela, Nicaragua o Bolivia son ejemplos de cómo, bajo el argumento de refundar la Nación, se ha destruido la independencia de poderes, cooptado la justicia y sometido a las fuerzas armadas.

La intención de Petro de emular ese modelo, en un contexto de polarización y desconfianza institucional, podría ser el paso más riesgoso de su mandato. Un país que ya enfrenta amenazas en su seguridad interna, deterioro económico y fractura social no resiste un choque institucional de tal magnitud.

El Estado de derecho, como recuerdan los constitucionalistas, no se defiende desde la calle, sino desde la ley. Petro, en su intento de transformar su frustración política en movilización popular, parece olvidar que la Constitución de 1991, a la que ahora pretende sustituir, fue precisamente producto de un consenso nacional para cerrar los ciclos de violencia y autoritarismo.

El espejo de la historia

El impulso constituyente de Gustavo Petro no surge del consenso, sino de la confrontación. Es una reacción ante la pérdida de control político y judicial, una maniobra que revela el malestar de un Presidente que no acepta límites.

Colombia se encuentra, nuevamente, ante la encrucijada entre respetar las instituciones o someterse al capricho del poder. La absolución de Álvaro Uribe devolvió equilibrio a la justicia; la respuesta de Petro amenaza con desestabilizarlo.

La democracia no necesita una nueva Constitución, necesita líderes capaces de cumplir la que ya tenemos. Si el mandatario persiste en este camino, no solo enfrentará el rechazo del Congreso y la Corte, sino el juicio de la historia, que no suele ser indulgente con quienes confunden la voluntad del pueblo con la voluntad del poder.

Álvaro Uribe agradeció tras su absolución judicial y pidió “energía y discernimiento para trabajar por Colombia”