(ANÁLISIS IFM) A la polémica por la «paz total» se sumó la procuradora Margarita Cabello

El fiscal Francisco Barbosa ya se había pronunciado, negándose a la suspensión de las órdenes de captura contra 16 «voceros de paz» reconocidos por el Gobierno, lo que causó malestar e indignación en la cúpula del petrismo, incluido el alto comisionado para la paz Danilo Rueda.

En las últimas horas, la procuradora Margarita Cabello Blanco se sumó a la polémica, asegurando que «la paz no puede estar por encima de la Constitución», tal y como lo expresó en su momento con respecto a los voceros de paz de la Primera Línea.

Además, añadió que «estoy de acuerdo con la postura del fiscal General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y Los Pachencas solicitada por el Gobierno por cuanto, como él lo dijo, no se cumplieron los presupuestos legales ni constitucionales para ellos».

De igual forma, Cabello Blanco fue enfática al afirmar que «los decretos de esta naturaleza expedidos por el Gobierno nacional, que ordenan el cese bilateral del fuego, no tienen incluida la suspensión de las órdenes de captura proferidas por los jueces de la República y por estar vigentes, los miembros de la fuerza pública tienen el deber ineludible para hacerlas efectivas».

El pronunciamiento de la cabeza del Ministerio Público se da, luego de que el Gobierno solicitara suspender las órdenes de captura de ocho miembros del Clan del Golfo y ocho criminales de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocidos como Los Pachenca.

Ante la solicitud, la Fiscalía respondió que no podía cumplir con la solicitud, pues esos grupos no tienen estatus político y, por tal razón, levantar las órdenes de captura iría contra la Ley.

Asimismo, la procuradora sostuvo que la democracia de Colombia se basa en la separación de poderes y que esas órdenes de captura deben seguir vigentes, pues las autoridades no pueden ignorar el deber constitucional de hacerlas efectivas.

El fondo de esta polémica

Desde el punto de vista ideológico, el Gobierno Petro considera que la separación de poderes es una talanquera que debe superar para imponer su «cambio». Por esta razón, que la Fiscalía, la Procuraduría y algunos jueces se interpongan al exabrupto de liberar criminales, le resulta inadmisible.

Además, la narrativa de la «paz» como un tema absoluto que está por encima de la Constitución, de la Ley y de todo el andamiaje democrático e institucional de Colombia, ha sido el caballito de batalla que ha utilizado el «progresismo» para tratar de imponer su visión ideológica y política en el país.

Así las cosas, de un lado está el Gobierno con su agenda de deconstrucción institucional y del otro están las voces de quienes defienden el andamiaje –cojo y débil– de la institucionalidad. 

Por todo lo anterior, lo que se avecina es una escalada en el conflicto entre Petro y los tímidos defensores de la separación de poderes, pues en medio de esto está la muy imperfecta Constitución y la frágil legalidad colombiana.

El pulso por la «paz total» es, hoy por hoy, el enfrentamiento entre los que insisten en la defensa de la legalidad y los que creen que los anhelos de paz sin justicia son superiores y requieren, incluso, de sacrificios como la impunidad y la proliferación del narcotráfico en aras de conseguir la utópica pacificación de los territorios.