(ANÁLISIS) El caso Uribe y la politización del poder judicial. Una estructura que amenaza el equilibrio institucional, ¿Cómo se llegó a esto?

La lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y la expectativa en torno a la sentencia completa que será conocida oficialmente este viernes, han reavivado un debate estructural en Colombia: el creciente fenómeno de la politización de la justicia. Lo que para algunos actores se trata de un avance en la lucha contra la impunidad, para otros refleja un proceso permeado por intereses ideológicos y una maquinaria judicial cooptada, parcial y usada con fines políticos.

Las críticas contra la juez Sandra Heredia, quien ha llevado el proceso y declarado culpabilidad en dos de los tres cargos imputados, no se limitan a su actuación individual. Los señalamientos apuntan a una presunta estructura ideológica dentro de amplios sectores de la justicia colombiana, lo que plantea preguntas serias sobre la autonomía judicial y el verdadero equilibrio entre las ramas del poder.

Aunque estos señalamientos han sido rechazados por asociaciones judiciales y sindicatos del sector, lo cierto es que el cuestionamiento no nace en la coyuntura del caso Uribe. Se trata de un fenómeno que lleva décadas en construcción y que ha sido advertido por juristas, académicos y políticos: el avance progresivo de un proyecto ideológico en sectores estratégicos del Estado, que hoy estaría consolidando su control en las tres ramas del poder público.

Una historia que empieza en el postconflicto del M-19

Para entender el proceso actual, es necesario regresar a mediados de la década de 1980. Tras la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 en 1985 —un hecho que marcó una herida profunda en la institucionalidad colombiana—, se inició un proceso de desmovilización, negociación e indulto que llevó a muchos de sus integrantes a reinsertarse en la vida civil, entre ellos al propio presidente Gustavo Petro.

A diferencia de otras organizaciones armadas, el M-19 tenía en sus filas a profesionales e intelectuales que ya contaban con formación académica. Al reincorporarse a la vida civil, el Estado ofreció acceso a la educación superior y facilitó la vinculación laboral en instituciones públicas. Desde entonces, una parte de estos exmilitantes optó por estudiar Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, principalmente en universidades como la Nacional, la Libre o la Pedagógica. Muchos de ellos pasaron a ejercer como docentes, asesores legales, defensores de derechos humanos y miembros del aparato estatal y, por supuesto, en la Rama Judicial.

Este proceso, lejos de ser espontáneo, fue parte de una estrategia de inserción que apostaba a construir poder desde las estructuras del Estado en un plan que ha sido ejecutado milimétrocamente, con paciencia, detalle y disciplina. Se formaron así, colectivos de abogados, ONG de derechos humanos, fundaciones, movimientos políticos y alianzas internacionales que promovieron un discurso de reparación y justicia social, pero también de reinterpretación histórica de la violencia en Colombia. Una retórica marcada por las”postverdad”. Esta narrativa fue ganando espacio y legitimidad, especialmente entre jóvenes estudiantes de universidades públicas, en un país donde la desconfianza hacia el Estado tradicional ha sido constante.

Influencia progresiva en la rama judicial

A lo largo de los años, esta red ideológica logró penetrar de manera sistemática en la rama judicial. Profesionales afines ocuparon cargos como jueces, fiscales, magistrados, magistrados auxiliares y procuradores delegados, entre otros en entidades claves del aparato estatal. Aunque esto no representa una irregularidad en sí misma, el problema surge cuando los criterios ideológicos prevalecen sobre los principios de imparcialidad, debido proceso y objetividad jurídica.

Tras la desmovilización del M-19, llegaron otros grupos como el EPL hasta las FARC, en aparentes procesos que dejaron siempre un plan B armado en la guerra, dentro de la premisa de la izquierda de “todas las formas de lucha, para romperse el poder. La creación de asociaciones de abogados con orientación ideológica clara, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo o la Comisión Colombiana de Juristas, contribuyó a formar un ecosistema en el que causas afines a sectores de izquierda recibieron respaldo judicial, mientras que figuras de la derecha han sido objeto de procesos extensos, cuestionamientos mediáticos y decisiones que han sido interpretadas como desproporcionadas.

Este fenómeno se agudizó con la llegada del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. Bajo el argumento de justicia transicional, se consolidaron estructuras como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), criticada por amplios sectores por su falta de independencia, su selectividad en las investigaciones y su proximidad con las narrativas de la insurgencia y su impunidad.

El caso uribe como punto de inflexión

En ese contexto, el proceso penal contra Álvaro Uribe se ha convertido en un símbolo del debate. El expresidente, principal figura del uribismo y del ala conservadora del país, pese a provenir de las bases liberales en su pasado, enfrenta una imputación con base en la declaración de un testigo condenado por secuestro, Juan Guillermo Monsalve, y pruebas cuya validez técnica ha sido severamente cuestionada por expertos.

El hecho de que la jueza Heredia haya emitido un fallo extenso en tan poco tiempo —anunciado como superior a las 1.000 páginas, elaboradas en apenas 14 días hábiles— ha despertado interrogantes sobre la solidez jurídica del documento, el respeto al debido proceso y la objetividad del análisis probatorio.

A esto se suman otras coincidencias preocupantes. El presidente Petro es el principal contradictor de Uribe, el actual ministro de Justicia fue admitido como víctima en el proceso, una decisión que ha generado controversia sobre el uso de su cargo para intervenir políticamente. Otras víctimas del proceso también pertenecen a la izquierda política radical y enemigos declarados del expresidente, como el senador Iván Cepeda, hijo del asesinado líder comunista Manuel Cepeda Vargas, cuyo nombre llevaba uno de los mas sangrientos frentes de las Farc. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha sido señalada por su cercanía con el presidente Petro, lo que refuerza la percepción de un ecosistema político-judicial alineado, siento justo tras su posesión el cambio de posición de la fiscalía que por mas de 5 años pedía precios el proceso por falta de pruebas siendo negada la pretensión por los jueces.

Estas conexiones no son en sí pruebas de un complot. Pero en un sistema donde la percepción de independencia judicial es fundamental para la democracia, las apariencias importan. Y cuando todos los actores del proceso pertenecen a un mismo espectro ideológico, las sospechas se legitiman.

Un punto más a tener en cuenta dentro de la cadena de extrañas coincidencias es que un proceso judicial de Álvaro Uribe y que inició hace 13 años, se resuelve en momentos previos a las elecciones de congreso y presidenciales que pueden llevar a que la izquierda pierda el poder, hasta ahora alcanzado, precisamente a manos de la oposición liderada por el expresidente Uribe.

La estructura del poder y el debilitamiento del sistema

El panorama actual sugiere que Colombia ha llegado a un punto crítico. La izquierda política radical, representada hoy por el presidente Gustavo Petro, no solo controla el Ejecutivo. Tiene influencia en buena parte del Legislativo, y, de acuerdo con múltiples analistas, se evidencia también su influencia en entidades clave del Poder Judicial. Esta concentración progresiva de poder plantea riesgos para el modelo republicano basado en la separación de poderes.

Los casos recientes de persecución judicial o de investigaciones opacas contra líderes políticos como Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón o Miguel Uribe Turbay, sumados a la condena anunciada contra Álvaro Uribe, dan fuerza a la hipótesis de que se está utilizando la justicia como instrumento de neutralización del adversario político. Aunque las responsabilidades individuales deben establecerse en sede judicial, el patrón estructural que se dibuja es evidente.

A esto se suman denuncias sobre el manejo reservado de investigaciones relacionadas con atentados y amenazas contra figuras de la oposición. Casos como el atentado contra el senador Miguel Uribe, con procesos de investigación sin transparencia y sin resultados concluyentes, solo refuerzan la percepción de parcialidad institucional.

Una democracia en tensión

Una democracia sólida se sostiene no solo en el voto, sino en la confianza ciudadana en sus instituciones. Cuando se pierde la fe en que la justicia es imparcial, todo el sistema se ve comprometido. Y cuando los ciudadanos creen que las decisiones judiciales responden a intereses ideológicos o políticos, se erosiona la legitimidad del Estado.

La justicia debe estar por encima del conflicto ideológico. Debe ser garante de derechos, no un arma de combate. El caso Uribe, por su simbolismo, tiene implicaciones que van mucho más allá del veredicto final. Si la sociedad colombiana no puede confiar en que sus líderes serán juzgados con base en pruebas legítimas, procesos transparentes y jueces imparciales, el sistema democrático entrará en una zona de riesgo.

Colombia necesita fortalecer su institucionalidad, garantizar la separación de poderes, despolitizar la justicia y asegurar que ningún actor, por poderoso que sea, utilice al Estado como herramienta de persecución. De lo contrario, el proyecto democrático estará en juego.

Lo que es claro, es que hay razones y evidencias de sobra para entender que el plan de la izquierda se ha venido ejecutando y que hará todo lo posible por buscar el penúltimo paso que es consolidarse antes de tomarse todo el poder estata absoluto como último paso del plan. nunca lo habían visto tan cerca.

La izquierda lo ve tan real y posible que dentro del precepto de “todas las formas de lucha”, usan la justicia para neutralizar al enemigo político que es la oposición; y ante el temor de no lograrlo ya se ven los atentados, las amenazas del Presidente y el gobierno para acabar con la prensa, llamar a una revolución en las calles, convocar a la confrontación violenta, proponer a asambleas constituyentes, imposición de reformas por decreto; entre otros anuncios desesperados, además de incrementar los señalamientos, estigmatizaciones a líderes de oposición, ejercer presión en las redes sociales, elevar el discurso ofensivo y violento contra quienes piensan diferente, amenazar con romper con la institucionalidad, violar la separación de poderes, incrementar la persecución política y judicial a los símbolos de esa oposición que resiste; hechos todos que se se sienten y evidencian, cuando solo le queda un año al gobierno.

A seis horas de conocer la sentencia contra el expresidente Uribe