(Análisis) Congreso de Colombia desnudó al Cártel de los Soles. Narcoterrorismo del régimen en evidencia. Se conocieron los congresistas afectos.

En el Congreso de la República se vivió ayer un debate de repercusiones políticas, sociales y diplomáticas que pone a Colombia bajo la lupa internacional. La discusión para declarar al Cártel de los Soles como organización criminal transnacional y terrorista. La moción fue aprobada por mayoría con 33 votos a favor, pero 20 congresistas se opusieron, dejando en evidencia divisiones internas en torno a un tema de seguridad hemisférica y en un momento crítico para la imagen del país.

El debate no puede leerse de manera aislada. Ocurre apenas días después de que Estados Unidos descertificara al Gobierno de Gustavo Petro en materia de lucha contra las drogas, una decisión histórica que no se presentaba desde hace 28 años. El golpe político y reputacional de la descertificación ya había colocado a Colombia en una situación delicada frente a Washington y la comunidad internacional, y ahora esta votación legislativa reabre el debate sobre la coherencia del país en su política antidrogas.

¿Qué es el Cártel de los Soles y por qué importa?

El Cártel de los Soles ha sido señalado como un entramado criminal con raíces en las fuerzas armadas venezolanas y conexiones directas con la cúpula política de ese país. Estados Unidos lo considera una organización narcoterrorista y mantiene recompensas millonarias por la captura de sus principales líderes, señalando especialmente a Nicolás Maduro por quien ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares, por Diosdado Cabello de 25 millones y Vladimir Padrino López por 15 millones.

La iniciativa en el Congreso colombiano buscaba alinear al país con esta postura internacional, con un declaración que compromete al Estado colobiano, tal y como ya a ocurrido en múltiples pasies occidenteles y congresos. Con esta declaración, se buscó enviar un mensaje claro de rechazo a una organización que, según informes de seguridad, participa activamente en el tráfico internacional de cocaína y que ejerce control en corredores fronterizos y mantiene vínculos con disidencias de las FARC, el ELN, el EGC-Clan del Golfo y otros grupos ilegales.

La declaración del congreso, cobra especial relevancia, cuando la posición refleja el sentir ciudadano y del país, en contravía de la posición presidencial y del gobierno Petro, que se ha sumado en el apoyo, al régimen venezolano y ha destinado tropas para el corredor del Catatumbo, una zona fornteriza binacional en donde actúan los principales implicados en la cadena de cultivo, procesamiento, transporte y logística para el Cartel de los Soles.

Implicaciones políticas, divisiones internas y señales internacionales

El resultado de la votación al interior del Congreso, dejó en evidencia las fracturas políticas profundas entre los representantes del país y las voces ciudadanas, y quienes defienden al Gobierno a ojo cerrado. Si bien la mayoría, 33 de los congresistas, terminaron declarando al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional vinculada al narcotrafico y al terrorismo; un grupo de 20 congresistas se opusieron férreamente a esa declaración.

Estos 20, en su mayoría hacen parte del Pacto Histórico, además de integrantes de partidos aliados como Comunes, MAIS, MIRA y algunos sectores de la Alianza Verde y la U. Para los críticos, este bloque legislativo envía un mensaje ambiguo frente a la lucha contra el narcotráfico y la política de seguridad nacional. En contraste, quienes apoyaron la moción buscan mostrar a Colombia como un socio confiable de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, en un momento en el que la relación bilateral está bajo presión por la descertificación.

El contexto internacional es clave y la división legislativa puede interpretarse como falta de cohesión institucional, debilitando la voz del país en foros multilaterales y complicando la ya deteriorada relación con Washington.

Los 20 legisladores que votaron contra la. moción y apoyaron al Cartel de los Soles, fueron: Robert Daza Guevara, Julio César Estrada Cordero, Pedro Hernando Flórez Porras, Alex Xavier Flórez Hernández, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Sandra Yaneth Jaimes Cruz, María José Pizarro Rodríguez, Isabel Cristina Zuleta López, Wilson Neber Arias Castillo, Aída Yolanda Avella Esquivel; todos del Pacto Histórico. Así mismo, Catalina Pérez Pérez e Inti Raúl Asprilla Reyes de la Alianza Verde; Aída Marina Quilcué Vivas del MAIS y el Pacto Histórico; Carlos Eduardo Guevara Villabón, Manuel Antonio Virgüez Piraquive del MIRA; Guido Echeverri Piedrahita de En Marcha. Igualmente, Imelda Daza Cotes, Sandra Ramírez, Omar de Jesús Restrepo Correa, de Comunes-Farc y finalmente, Antonio José Correa Jiménez del Partido de la U

Economía y cooperación internacional en riesgo

La descertificación ya había generado preocupación sobre eventuales recortes en cooperación militar, inteligencia y programas sociales contra el narcotráfico. Ahora, con una votación fragmentada frente al Cártel de los Soles, Colombia corre el riesgo de que se perciba que carece de un consenso nacional sólido frente a amenazas criminales transnacionales y aunque puede asumirse como una posición que responde a su vez a las excepciones de la descertificación soportando en argumentos que en la sociedad existe un rechazo al narcotráfico, en contraste con la flexibilidad y tolerancia del Gobierno expresado en sus políticas; no deja de preocupar que se puedan presentar limitaciones económicas en sectores que dependen del Gobierno descertificado.

La incertidumbre política puede afectar la confianza de inversionistas extranjeros y endurecer la postura de organismos multilaterales que financian proyectos de desarrollo. Estados Unidos, además, podría condicionar aún más los desembolsos de cooperación si considera que existen sectores políticos colombianos que relativizan la gravedad del cartel venezolano. En ese sentido, varias voces, buscan que se personalice la responsabilidad y se tomen medidas que solo afecten a quienes están apoyando al Cartel de los Soles y al régimen venezolano.

Impacto social, narrativa pública y percepción ciudadana

El rechazo de 20 congresistas a la moción tiene un efecto directo en la opinión pública. Para muchos ciudadanos, se trata de un mensaje contradictorio frente a la historia de violencia, dolor y sangre que ha dejado el narcotráfico en Colombia. La percepción de que algunos sectores políticos se muestran ambiguos frente a un cartel vinculado al crimen organizado alimenta la desconfianza ciudadana en las instituciones y profundiza la polarización política.

Además, la votación se produce en un contexto de creciente malestar social frente al aumento de los cultivos ilícitos, la expansión de grupos armados ilegales y el deterioro de la seguridad en varias regiones. La sociedad civil podría interpretar este debate como un reflejo de la desconexión entre la clase política y las preocupaciones reales de la ciudadanía y la falta de solidaridad con esas comunidades que viven en carne propia el flajelo.

Seguridad nacional y nuevos retos en las fronteras

Desde el punto de vista de seguridad, la declaratoria aprobada por el Congreso significa un paso hacia la articulación de esfuerzos regionales contra el Cártel de los Soles. Sin embargo, también implica mayores riesgos. Formalizar este reconocimiento puede convertir a Colombia en blanco de retaliaciones de las estructuras criminales vinculadas al cartel, especialmente en zonas de frontera como Arauca, Norte de Santander y La Guajira.

La división en el Legislativo podría ser interpretada por el cartel como una debilidad política interna, lo que le abriría espacios para intensificar su influencia en Colombia mediante alianzas con grupos armados ilegales y redes del narcotráfico; entendiendo que el apoyo gubernamenal, también está en sus sectores dentro del congreso.

El peso de la descertificación de EE. UU.

El hecho de que este debate ocurra justo después de la descertificación estadounidense amplifica sus efectos. Para Washington, la medida contra el Gobierno Petro se sustentó en el aumento de cultivos ilícitos, que superaron las 260.000 hectáreas en 2024, que se proyecta a mas de 270.000 para final de este año; y en la percepción de que la política de “Paz Total” ha fortalecido a grupos ilegales.

En ese marco, la votación en el Congreso será observada como un indicador adicional de la capacidad de Colombia para actuar contra el narcotráfico. Si bien la moción fue aprobada, los 20 votos en contra podrían ser usados por sectores internacionales como argumento de que en el país persisten divisiones que limitan una estrategia integral.

Costos políticos para quienes votaron en contra

Los congresistas que se opusieron a la moción enfrentan ahora un alto costo político. La narrativa pública ya los ubica en una posición incómoda, como lo es, la de haber votado en contra de catalogar como terrorista a un cartel que Estados Unidos y otros países han señalado de manera contundente. Aunque puedan argumentar razones técnicas o jurídicas, el efecto comunicacional es difícil de revertir.

En un contexto de descertificación, la postura de estos legisladores puede ser interpretada por analistas internacionales como una forma de respaldar indirectamente al régimen venezolano y sus estructuras asociadas al narcotráfico; y esto tiene un impacto al entenderse que estos 20 nombres tendrán especial atención por parte del Gobierno norteamericano que podría limiter desde visas hasta hacer seguimiento al comportamiento de estos congresistas que quedan en una lista especial de quienes apoyan al narcotráfico.

Un mensaje contradictorio en un momento crítico

La aprobación de la moción contra el Cártel de los Soles y la negativa de un sector del Congreso exponen a Colombia a un doble desafío. Por un lado, debe demostrar cohesión institucional para recuperar la confianza de Estados Unidos y de la comunidad internacional después de la descertificación. Por otro, debe responder a las expectativas ciudadanas de firmeza en la lucha contra el narcotráfico.

El mensaje que hoy se proyecta es el de un país dividido frente a una amenaza común del hemisferio. La descertificación y la votación fragmentada refuerzan la idea de que Colombia atraviesa una encrucijada histórica; o logra recuperar credibilidad en sus compromisos internacionales, o corre el riesgo de entrar en un escenario de aislamiento político y debilitamiento económico.