(Análisis) ¿Colombia al borde de la descertificación antidrogas por parte de EE.UU.? implicaciones y consecuencias

Este lunes vence el plazo para que el Gobierno de Estados Unidos anuncie si certifica o no a Colombia en materia de lucha contra las drogas, una decisión que mantiene en expectativa tanto al sector político como al económico del país. El debate se centra en los resultados de la política antidrogas del presidente Gustavo Petro, fuertemente cuestionada por la oposición y algunos aliados internacionales, y en los posibles efectos de un eventual revés diplomático y económico.

Las señales no son alentadoras. En Washington circula la percepción de que Colombia ha perdido terreno en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con cifras de la Oficina de la Casa blanca de Política Nacional para el Control de Drogas de los Estados Unidos, ONDCP, los cultivos de coca en Colombia superaron las 230.000 hectáreas en 2023, con una tendencia creciente durante 2024 y 2025, aproximándo a 270.000 hectáreas para fin de este 2025.

Entre tanto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, presentó el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 a corte del junio, en el que Colombia volvió a ocupar el deshonroso primer lugar como mayor productor de hoja de coca a nivel global, con una extensión de cultivo que alcanzaba para ese momento, las 253.000 hectáreas.

El viraje de la política del Gobierno de Gustavo Petro desde su llegada al poder, hacia la suspensión de las fumigaciones con glifosato, el enfoque en la sustitución voluntaria y la decisión de privilegiar con diálogos a los grupos armados responsables del narcotráfico en el país; han sido leídos como señales de debilidad por parte de Estados Unidos. Las disidencias de las FARC, el ELN y el Ejército Gaitanista – Clan del Golfo, han consolidado su control en diversas regiones, expandiendo las cadenas de cultivo, procesamiento y exportación de cocaína en alianza con cárteles mexicanos y venezolanos.

A esto se suma el respaldo político del presidente Petro a Nicolás Maduro y los altos funcionarios de su régimen en Venezuela, señalados por varios países en ser los integrantes del Cártel de los Soles y promotor de grupos narcodelincuenciales como el Tren de Aragua. Para algunos congresistas estadounidenses, esta alianza complica aún más el panorama de cooperación antidrogas y ese apoyo de Petro a Maduro, pone en una difícil situación a Colombia, máxime cuando en el Caribe, la marina norteamericana, desarrolla operaciones frente las costas venezolanas para controlar el flujo del narcotráfico.

Empresarios y alcaldes piden no castigar al país

Conscientes del riesgo, líderes políticos y empresariales colombianos han emprendido, desde hace meses, gestiones directas en Washington. Hace unos días, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y su homólogo de Cali, Alejandro Éder, viajaron a Estados Unidos para exponer el impacto negativo que tendría una descertificación sobre las regiones. La premisa es clara, los errores del gobierno central no deberían pagarlos los ciudadanos ni las economías locales.

Pero no han sido los únicos. Durante el último año, han sido copiosos los viajes de líderes gremiales y empresariales a Estados Unidos para buscar acercamientos con líderes del Gobierno norteamericano y congresistas de ese país, a quienes han planteado una fórmula alternativa, orientada a que, con la eventual descertificación, que ésta, recaiga exclusivamente sobre el «Gobierno Petro» y sus funcionarios, pero no sobre el país en su conjunto ni sobre sus sectores productivos.

La idea, aunque difícil de implementar en términos diplomáticos, refleja la urgencia por blindar al aparato económico de sanciones que podrían frenar inversión y exportaciones. En un sentido similar, se han registrado también viajes de congresistas colombianos y miembros de la oposición, quienes han buscado espacios de interlocución con sus homólogos norteamericanos para dar a conocer el verdadero contexto que vive el país bajo el Gobierno de Gustavo Petro y plantear soluciones que no perjudiquen al país.

Consecuencias de una posible descertificación

El costo de una descertificación no es simbólico. La medida implica, entre otras medidas, la reducción drástica de la cooperación bilateral en defensa y seguridad; restricciones a la inversión extranjera directa y advertencias a ciudadanos estadounidenses sobre negocios o turismo en Colombia, Aumento de aranceles para productos colombianos de exportación, limitaciones para otorgar visas a estudiantes, empresarios y turistas colombianos, bloqueo al acceso de gobiernos locales y entidades públicas a créditos internacionales, dificultando proyectos de infraestructura y desarrollo social.

En síntesis, una descertificación golpea la economía, las relaciones diplomáticas y la reputación internacional de Colombia y el desarrollo en infraestructura e inversión. Uno de los impactos mas fuertes, según advierten algunos de quienes han viajado a interceder por Colombia en este proceso, es la alerta mundial dirigida a los organismos multilaterales, que podrían a su vez, imponer restricciones contra Colombia al verse que el país no ha cumplido con sus compromisos.

Una de las alarmas que puede incidir en la decisión de Estados Unidos contra Colombia, es la resolución expedida por la Comisión Europea en contra del país, pues si bien el informe y la resolución condena el recrudecimiento de la violencia política en Colombia, principalmente, queda claro que el combustible de los grupos armados protagonistas del caos en el orden público, está dado por el narcotráfico y la falta de acción del gobierno para controlarlo.

Antecedentes históricos

La posibilidad de que Colombia sea descertificada no es nueva. En 1996, bajo el gobierno de Ernesto Samper, Estados Unidos tomó esta decisión tras el escándalo del Proceso 8.000, que vinculó a la campaña presidencial con dineros del Cartel de Cali. Las consecuencias fueron inmediatas, y se decretó el congelamiento de la ayuda militar, se deron advertencias a inversionistas y se experimentó un deterioro en la imagen internacional del país, que impactó a los ciudadanos de a pié, que al viajar, siempre fueron vistos con sospecha a cualquier aeropuerto por donde pasaban. Entonces, los ciudadanos colombianos eran visto con recelo y fueron tratados como parias y con dureza en las aduanas y pasos de migración.

Antes, durante el gobierno de César Gaviria, Colombia estuvo en la mira de Washington por el auge del narcotráfico y las dificultades en la cooperación antidrogas, aunque no llegó a concretarse una descertificación total, las certificaciones en ese período, fueron condicionadas. Con Andrés Pastrana, la relación mejoró gracias al Plan Colombia, que permitió el desembolso de miles de millones de dólares en ayuda militar y social.

Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Colombia demostró su decisión en la lucha contra el narcotráfico y fue certificada plenamente; pero durante el goberno de Juan Manuel Santos, Colombia volvió a tener certifiaciones condicionadas en su segundo mandato y con advertencias en medio de las negociaciones de paz con las FARC, en donde volvieron a crecer los cultivos. Estas advertencias y certificaciones condicionadas, fueron revertidas luego, en el gobierno de Iván Duque. (ver recuadro

Estos antecedentes muestran que el narcotráfico ha sido un punto de inflexión en la relación bilateral. El respaldo de Estados Unidos depende directamente de los resultados verificables en la reducción de cultivos, la interdicción de cargamentos y la desarticulación de estructuras criminales.

Posibles escenarios

Los analistas contemplan cuatro escenarios principales, entre los que está la posibilidad de una Certificación plena, lo que sería una señal de confianza hacia Colombia, aunque difícil de justificar por los resultados recientes. En otro escenario está la que muchos se atreven a señalar de manera pesimista y que creen, será la que obtendrá colombia y se trata de la Descertificación total, con las implicaciones más duras para la cooperación, el comercio y la diplomacia.

En otra de las posibilidades está la que gran cantidad de los analistas esperan que se de a modo esperanzador y se trata de la Certificación condicionada en la que Washington reconoce fallas, pero otorga un margen de maniobra sujeto a compromisos verificables de mejora. Finalmente, algunos hablan de una Descertificación parcial, que sería una fórmula inédita que limitaría las sanciones al Gobierno Petro y sus funcionarios, sin extenderlas a la economía nacional, algo muy dificil de que se pueda dar.

Lo que está en juego

Más allá de la coyuntura, la decisión de Estados Unidos pondrá a prueba la credibilidad internacional de Colombia. El país ha sido considerado durante décadas un aliado estratégico en la región en la lucha contra el narcotráfico. Una descertificación debilitaría ese estatus y enviaría un mensaje de desconfianza en la actual política antidrogas.

De confirmarse, el impacto no recaería únicamente en el Gobierno Petro. Serían los productores, exportadores, estudiantes y comunidades quienes asumirían el costo más alto. Por eso, alcaldes, gobernadores y empresarios insisten en que la relación bilateral debe proteger a Colombia como nación, más allá de las posturas del gobierno de turno.

El reloj corre y la decisión de Estados Unidos marcará un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Si Colombia es descertificada, se abriría un capítulo de tensiones diplomáticas y económicas que recordaría episodios como el vivido en la era Samper. Si, por el contrario, se concede una certificación condicionada, el gobierno Petro tendría la oportunidad, y la presión, de corregir el rumbo en la lucha contra las drogas.

En cualquier caso, lo que está en juego no es solo una relación diplomática, sino la estabilidad económica y la reputación internacional de un país que ha luchado por décadas contra el narcotráfico y sus múltiples consecuencias. El país debería conocer la noticia posiblemente este mismo viernes o máximo hasta el unes próximo.

Antecedentes de certificación y descertificación de colombia

Año / Gobierno	Decisión de EE. UU.	Contexto y motivos principales	Consecuencias para Colombia
1994 – César Gaviria	Certificación con condiciones	Auge del narcotráfico tras la muerte de Pablo Escobar. Se cuestionó la efectividad en la lucha antidrogas.	Presión para fortalecer la cooperación y ajustar políticas de erradicación.
1996 – Ernesto Samper	Descertificación total	Escándalo del Proceso 8.000: ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña presidencial.	Congelamiento de ayuda militar y financiera; deterioro de imagen internacional; tensiones diplomáticas graves.
1997 – Ernesto Samper	Descertificación reiterada	Persistía el escándalo político y la desconfianza en el Gobierno.	Restricciones comerciales y aislamiento en cooperación internacional.
2000 – Andrés Pastrana	Certificación plena	Implementación del Plan Colombia, con respaldo de EE. UU. en la lucha antidrogas y fortalecimiento institucional.	Ingreso de miles de millones de dólares en cooperación militar y social.
2002 – Álvaro Uribe	Certificación plena	Política de “seguridad democrática”, ofensiva militar contra carteles y guerrilla.	Ampliación del Plan Colombia y fortalecimiento de la alianza bilateral.
2010 – Juan Manuel Santos	Certificación plena	Reducción significativa de cultivos ilícitos y programas de erradicación manual.	Reafirmación del rol de Colombia como aliado estratégico.
2017 – Juan Manuel Santos / inicio Iván Duque	Certificación con advertencias	Aumento de cultivos ilícitos tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.	Advertencias de Washington sobre necesidad de resultados inmediatos.
2025 – Gustavo Petro	En decisión (plazo lunes)	Incremento de cultivos ilícitos, suspensión de fumigación con glifosato, diálogo con grupos armados y respaldo a Nicolás Maduro.	Riesgo de descertificación con implicaciones económicas, diplomáticas y comerciales.

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