El nombre de César Mauricio Velásquez, exjefe dePprensa de la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, resuena nuevamente en el debate público. Años de procesos judiciales, acusaciones sin pruebas concluyentes y un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia han puesto su caso en el epicentro de una polémica que trasciende lo jurídico para adentrarse en lo político.
Con una trayectoria que incluye roles destacados en el periodismo, la diplomacia y la academia, Velásquez ha enfrentado un largo y complicado camino judicial, que deja entrever que ha sido más víctima que un acusado real. Su caso, vinculado al escándalo de las “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) es, para algunos, un ejemplo de justicia desequilibrada y para otros, una demostración de que nadie está por encima de la ley. Pero, ¿hasta dónde llegan las evidencias y dónde comienza la persecución?
Una historia de altibajos judiciales
El proceso contra Velásquez comenzó en 2008, en medio de un panorama político y judicial turbulento. La Fiscalía lo acusó de participar en un supuesto complot para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según las denuncias, se le implicó en reuniones donde se habría utilizado información obtenida ilegalmente por agentes del DAS.
Sin embargo, las primeras investigaciones no lograron probar estas acusaciones. En 2009, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Fiscalía lo absolvieron, indicando la falta de pruebas contundentes en su contra. A pesar de esto, el caso no se cerró del todo. En 2012, sin pruebas nuevas y en un contexto que Velásquez y sus defensores califican como altamente politizado, la Fiscalía reabrió la investigación. En 2015, fue llamado a juicio, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su calvario judicial.
Audiencias interminables y decisiones controvertidas
El juicio de Velásquez fue un proceso extenso y lleno de irregularidades, según su defensa. Más de 50 audiencias se llevaron a cabo, y ninguna de las personas interrogadas declaró haber recibido información confidencial de su parte ni lo señaló como parte activa de un complot. En 2021, un juez lo declaró inocente, pero esa decisión fue rápidamente apelada por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá.
En un giro inesperado, el Tribunal revocó la absolución y lo condenó a cinco años y tres meses de prisión, decisión que fue ajustada posteriormente por la Corte Suprema a seis años. Este fallo, según sus críticos, estuvo marcado por la prisa, ya que fue emitido un día antes de que el caso prescribiera, limitando significativamente las posibilidades de defensa de Velásquez.
El papel de la Corte Suprema y la sala de conjueces
En respuesta al fallo del Tribunal, la defensa de Velásquez presentó una apelación especial ante la Corte Suprema de Justicia. Tras múltiples cambios en los magistrados encargados del caso y una serie de recusaciones, el proceso llegó a una sala de nueve conjueces, integrada por juristas de prestigio. La decisión final, emitida en un contexto de expectativas y tensiones políticas, confirmó la condena, cerrando el caso en el ámbito judicial colombiano.
No obstante, el camino hacia esta decisión estuvo lleno de incidentes que generaron suspicacias. Por ejemplo, uno de los conjueces, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, se declaró impedido, pero su reemplazo nunca se realizó. Pese a ello, el fallo fue anunciado pocas horas después, lo que ha llevado a algunos observadores a cuestionar la transparencia y rigurosidad del proceso y cuando, según la defensa, el caso había precluido, como se explicó en una nota previa de IFMNOTICIAS
Implicaciones políticas y denuncias de persecución
El caso de Velásquez no puede entenderse sin considerar el contexto político que lo rodea. Como hombre cercano al expresidente Álvaro Uribe, ha sido señalado como parte de una supuesta estrategia sistemática para desacreditar a la oposición judicial durante los años más tensos del uribismo. Sin embargo, sus defensores sostienen que las acusaciones en su contra forman parte de una vendetta política dirigida contra los colaboradores más cercanos de Uribe.
Este argumento se refuerza al observar que otros exfuncionarios del gobierno Uribe también han enfrentado procesos similares, muchos de ellos basados en pruebas débiles o testimonios cuestionables. Velásquez, quien reside en el exterior desde hace más de 14 años, ha declarado que su papel como jefe de prensa se limitó a la gestión de información pública, sin participación alguna en actividades ilícitas.
Las “chuzadas” y la controversia del caso
El escándalo de las “chuzadas” del DAS es uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia. Implicó la interceptación ilegal de comunicaciones de magistrados, periodistas y opositores al gobierno de Uribe. Aunque las investigaciones señalaron responsabilidades dentro del DAS y entre algunos altos funcionarios, la conexión de Velásquez con estos hechos siempre ha sido controvertida.
Entre las pruebas presentadas en su contra está la denominada Operación Paseo, un supuesto plan para desacreditar a magistrados mediante la infiltración de eventos sociales. Sin embargo, ninguna evidencia vinculó directamente a Velásquez con la planificación o ejecución de estas actividades.
Otro elemento relevante es el caso del exparamilitar conocido como “Tasmania”, quien inicialmente acusó a magistrados de ofrecerle beneficios judiciales a cambio de implicar a Uribe y a su círculo cercano. Más tarde, se retractó, alegando haber sido manipulado. Este episodio, aunque ajeno a Velásquez, ilustra la complejidad y polarización que han marcado los procesos judiciales relacionados con el uribismo.
Reacciones divididas
El fallo de la Corte Suprema ha generado una fuerte polarización. Mientras algunos sectores celebran la decisión como un ejemplo de que la justicia prevalece sobre cualquier presión política, otros la ven como una muestra de parcialidad y persecución contra los aliados de Uribe. Velásquez, por su parte, ha reiterado su inocencia y su confianza en que la historia le dará la razón y que su defensa continuará con acciones para demostrar su inocencia.
Desde su residencia en el exterior, Velásquez ha evitado pronunciarse ampliamente sobre el fallo, limitándose a expresar su agradecimiento a quienes lo han apoyado durante estos años. Su situación plantea un desafío adicional para las autoridades colombianas, ya que, al residir fuera del país, la ejecución de la condena enfrenta barreras legales y diplomáticas.
Un caso emblemático
El caso de César Mauricio Velásquez trasciende su figura personal para convertirse en un símbolo de los desafíos y tensiones que enfrenta la justicia colombiana. ¿Es este un ejemplo de justicia plena o una muestra de que los procesos judiciales pueden ser influenciados por factores externos? La respuesta depende del prisma con el que se observe.
En medio de este panorama, lo que queda claro es que el debate sobre el equilibrio entre justicia y política en Colombia está lejos de resolverse. Mientras tanto, Velásquez continúa su vida lejos de su país natal, cargando con el peso de un proceso del que es inocente, pero que, para bien o para mal, ha marcado su trayectoria y su legado.