Consejo de Estado frena en seco a Petro

Por Álvaro Ramírez González

En un fallo esperado por todos, el Consejo de Estado le metió el freno al Gobierno en sus abusivas pretensiones dictatoriales.  La providencia del alto tribunal, a través de medidas cautelares, suspende todos los efectos del decreto en el que Petro se apropia del poder y las facultades para regular las tarifas de servicios públicos.

Para eso se creó la CREG, que es la comisión de regulación de Energía, Gas y Combustibles. Está adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de regular las tarifas de servicios de electricidad y gas, según la ley 142 y 143 de 1994.

La CREG es un comité conformado por el ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento Nacional de Planeación y ocho comisionados expertos nombrados por el presidente de la República y por un periodo de cuatro años. Es un organismo plural que conjuga mucha experiencia y sabiduría en un tema tan delicado como la expedición y el control de las tarifas de servicios públicos.

De manera intempestiva, en un discurso de corte claramente dictatorial, el presidente Petro le anunció al país que él se iba a encargar directamente de la expedición de las tarifas de servicios públicos.

De seguir utilizando el mecanismo de la CREG, lo puede también hacer, pues allí están dos ministros de su Gobierno, el director de Planeación y además ocho comisionados expertos, escogidos y nombrados también por Petro.

¿Por qué eliminar con un burdo y ya declarado ilegal decreto a las funciones de la CREG? Es una decisión de corte claramente dictatorial, que hace muy frágil el sistema tarifario en Colombia, que queda sometido únicamente a la voluntad de una sola persona, así sea el presidente mismo.

Quiero recordarles a mis lectores, que al llegar Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá, hizo de sopetón, una rebaja en las tarifas del Transmilenio, que nadie estaba reclamando, y la gente rápidamente olvidó. Pero el daño que le hizo semejante acto de arbitrariedad e irresponsabilidad fue descomunal.

Generó un déficit al sistema Transmilenio y a sus operadores que casi los manda a la quiebra. Tan grande fue el daño económico que tanto el sistema como los operadores se debieron someter a una cirugía financiera que hoy, 16 años después, todavía están pagando.

El Consejo de Estado suspendió entonces los efectos del decreto 227 del 16 de febrero del 2023, en el que Petro se apodera abusivamente con exclusividad de esa función. Esa providencia es un freno en seco a los delirios dictatoriales de Gustavo Petro, para que entienda que Colombia es una democracia con una clara división de poderes, y no una  finca de su propiedad.

alragonz@yahoo.es