Activistas se retractaron de acusaciones contra Catherine Juvinao

Tres ciudadanos se retractaron públicamente de señalamientos hechos contra la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, luego de una conciliación realizada ante la Fiscalía General de la Nación.

Las acusaciones se habían difundido durante el debate sobre la reforma al sistema de salud y señalaban a la congresista de haberse “vendido al establecimiento” y de tener vínculos con entidades prestadoras de salud.

Los activistas Elizabeth Ortiz, Laura Julieth Martínez y Juan David Pedraza publicaron mensajes en sus redes sociales en los que reconocieron que no cuentan con pruebas para sustentar esas afirmaciones. Ortiz y Martínez manifestaron que no tienen certeza de que la congresista haya recibido financiación de las EPS.

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Pedraza, por su parte, admitió que su señalamiento se originó en un cambio de postura política de la representante y que no dispone de evidencia que respalde la acusación.

Las retractaciones fueron replicadas por los propios activistas en sus perfiles digitales. En uno de los mensajes se lee: “Aclaro expresamente que no tengo ninguna prueba de que ella haya sido vendida ni de que haya recibido financiación por parte de las EPS”. En otra publicación se afirma: “No me consta, ni tengo pruebas de esa afirmación”.

La conciliación fue formalizada ante la Fiscalía y posteriormente difundida por las partes involucradas. En sus publicaciones, los ciudadanos señalaron de forma expresa que carecen de elementos probatorios para sostener los señalamientos realizados durante la discusión pública sobre la reforma.

Tras conocerse la retractación, Juvinao indicó que las acusaciones fueron equivocadas y reiteró que no mantiene relaciones con empresas del sector salud. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que acudir a los mecanismos del sistema judicial para resolver controversias relacionadas con difamación constituye una vía para tramitar conflictos derivados del debate político.

La congresista agradeció a la Fiscalía por facilitar el proceso de conciliación y señaló que las diferencias políticas pueden tramitarse mediante argumentos verificables. También sostuvo que las redes sociales no eximen a los usuarios de responsabilidad frente a la información que difunden.

En un escenario distinto, la representante anunció cuestionamientos sobre un contrato adjudicado por el Icetex por un monto superior a 52.000 millones de pesos. Según explicó, el acuerdo corresponde a un servicio tecnológico de carácter bancario y habría sido otorgado a una unión temporal que ya mantiene otro contrato vigente con la entidad.

Juvinao indicó que en el proceso participó un solo proponente y que los valores comprometidos superan cifras que, según dijo, han pagado entidades financieras por servicios comparables.

Añadió que presentará un informe ante la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para que revisen la adjudicación. También señaló que el ministro de Educación y el presidente del Icetex deberán responder ante las autoridades competentes por el proceso contractual.

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