3.552 días de arresto: el legado judicial de la exinterventora de Nueva EPS

Gloria Polanía dejó la intervención con 1.378 sanciones por desacato y apenas 396 fallos cumplidos, evidenciando una crisis estructural en el sistema de salud y la falta de control estatal.

La salida de Gloria Polanía como interventora de Nueva EPS no solo marca el fin de una gestión, sino el inicio de un debate sobre la eficacia de las intervenciones estatales. Con 3.552 días de arresto acumulados por desacato y 1.378 sanciones judiciales, la funcionaria deja tras de sí un panorama que cuestiona la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales en salud.

La cifra es contundente: 1.378 sanciones por incumplimiento de órdenes judiciales, de las cuales solo 396 han sido cumplidas. El resto sigue en mora, mientras miles de pacientes esperan tratamientos, medicamentos y procedimientos que ya fueron ordenados por jueces. Este incumplimiento sistemático no es un hecho aislado, sino el reflejo de una falla estructural en la operación de las EPS y en la supervisión estatal.

Durante la intervención, Nueva EPS debía garantizar la atención de más de 10 millones de afiliados, pero los reportes muestran que la gestión se convirtió en un laberinto judicial. Cada desacato representa un paciente cuya vida o salud estuvo en riesgo por la falta de respuesta. ¿Cómo es posible que una funcionaria acumule más de 3.500 días de arresto sin que se activen mecanismos efectivos de control?

Expertos advierten que el caso Polanía desnuda la fragilidad del modelo de aseguramiento en salud y la ineficacia de las intervenciones como herramienta de corrección. Mientras el Ministerio de Salud y la Superintendencia guardan silencio, las organizaciones de pacientes exigen explicaciones y sanciones ejemplares. ¿Quién responde por los derechos vulnerados? ¿Por qué el Estado permite que las órdenes judiciales se conviertan en letra muerta?

De acuerdo con el informe oficial, las sanciones acumuladas por la exinterventora corresponden a desacatos en los que se ordenaba garantizar tratamientos prioritarios y derechos fundamentales en salud. Aunque 396 casos ya fueron cumplidos y notificados a los diferentes despachos judiciales, persiste un alto volumen de procesos pendientes que podrían derivar en nuevas medidas coercitivas.

Expertos en derecho sanitario advierten que esta situación refleja las tensiones entre la capacidad operativa de las EPS y las exigencias judiciales para proteger la vida y la salud de los afiliados. Además, plantea interrogantes sobre la efectividad de las intervenciones estatales y la responsabilidad individual de los funcionarios designados para liderarlas.

Este episodio no solo compromete la responsabilidad individual de la exinterventora, sino que abre un debate urgente sobre la gobernanza del sistema de salud, la falta de recursos y la ausencia de mecanismos coercitivos que garanticen el cumplimiento de fallos judiciales. La pregunta que queda en el aire es si la intervención de Nueva EPS fue una solución o un agravante para la crisis.