El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, interpuso una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, y la exmagistrada Adelina Covo, por el delito de tráfico de influencias.
La denuncia se basa en declaraciones del exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien reveló a través de su cuenta en X y en entrevistas radiales que Benedetti y Covo presionaron para que se realizaran nombramientos estratégicos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de beneficiar intereses personales.
Según Reyes, los hechos ocurrieron durante su gestión como director de la DIAN, cuando Benedetti y Covo le exigieron ubicar a personas cercanas a ellos en cargos clave dentro de la entidad, lo que podría configurar una violación al artículo 411 del Código Penal colombiano, que sanciona el tráfico de influencias de servidor público.
Ruiz Orejuela, conocido por su lucha en defensa del Estado de Derecho y la transparencia institucional, aseguró que no se puede permitir que el poder sea utilizado para beneficiar redes clientelistas y familiares. «El tráfico de influencias es una práctica que socava la confianza en las instituciones y atenta contra la legalidad en la administración pública», afirmó.
A través de su cuenta de X, el exministro también fue enfático en la necesidad de actuar con prontitud ante este escándalo. «No podemos quedarnos de brazos cruzados y que esto quede como otro escándalo más. ¡Tenemos que activar los mecanismos judiciales ya!», publicó.
La denuncia fue remitida a la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Fiscalía General de la Nación se declarara sin competencia para investigar el caso, debido a la condición de aforado de Benedetti. Ahora, se espera que la Sala Especial de Instrucción adelante las investigaciones correspondientes y determine las responsabilidades penales de los implicados.
Ruiz Orejuela concluyó reiterando la importancia de que la justicia actúe con celeridad y contundencia. «Colombia no puede seguir tolerando que altos funcionarios abusen de su posición para manipular la administración pública», sentenció.
