Por: Diego Arango Osorio
Un país entra en franco deterioro cuando la población civil supera las legitimas fuerzas armadas, cuando se impone con métodos violentos y amedranta a la autoridad. Pues eso fue lo sucedido días atrás en San Vicente del Caguán, cuando una guardia indígena organizada cercó a 80 policías desarmándolos, intimidándolos, humillándolos, golpeándolos y hasta matándolos, porque de ese hecho resultó un policía muerto, al punto que ellos mismos cuentan que los amenazaron con quemarlos vivos.
Este hecho solo tiene un nombre que es secuestro, es decir privar a personas de su libertad por la fuerza. Pero sucede que cuando los ministros de defensa y del interior llegaron a resolver ese ignominioso hecho, ellos y los líderes campesinos acordaron que no había sido un secuestro, sino un cerco humanitario. A ver, esa denominación no se encuentra en ningún acuerdo, código o tratado nacional ni internacional, por lo tanto en que cabeza se entiende que unas fuerzas civiles ilegitimas, dizque desarmadas, intimiden y capturen a unas fuerzas armadas legitimas, amparadas por la Constitución y la Ley, sometiéndolas a vejámenes, intimidaciones y humillación, violando la ley, para que el gobierno sea quien manifieste que se trató de un simple «cerco humanitario», cuya realidad claramente indica que fue un secuestro, delito castigado por el código penal.
Pero para el Gobierno según su vocero el ministro Prada, se trató de un acto legítimo de la guardia campesina, quienes se abrogaron una autoridad por encima de la legítima que son las fuerzas armadas y Policía Nacional. Ahora sí, como decía el Chapulín Colorado ¡Y quien nos podrá defender! Se perdió el respeto y temor a la legítima autoridad, el Gobierno traslada y permite el uso de la intimidación y fuerza a la población civil, muestra de ello es la humillación a nuestra policía, los actos cometidos por la llamada Primera Línea, a los cuales se les propone dar libertad por encima de la justicia. La propuesta de humanización carcelaria para soltar a miles de peligrosos presos, entre ellos enormes criminales y narcotraficantes, es decir el imperio y poder de la delincuencia sobre el país. A eso hemos llegado en tan solo siete meses de este gobierno. ¿Cómo serán los que vienen? No quiero ni pensarlo.
Pero para reafirmar lo anterior, las comunidades de minería ilegal o mas bien actividades mineras informales denominadas artesanales, que generan ingresos para los pobladores del sector del Bajo Cauca, estos, tomando el ejemplo de los campesinos, se han negado y se les han parado firme a las autoridades, a lo cual la orden del Gobierno ha sido quemar esas dragas nocivas al medio ambiente. Pero el argumento del Gobierno es que grupos ilegales de auto defensas gaitanistas están detrás de dicho paro, cosa que esta produciendo enormes dificultades a la población por falta de alimentos y medicinas entre otros.
El asunto es que es una vergüenza nacional tener un Gobierno falto de autoridad, demagogo y bajo la política de favorecer lo ilegal, de ahí que esta siendo víctima de su propio invento.
