Las autoridades adoptaron medidas especiales de protección para el juez Hugo Carbonó, funcionario judicial a cargo del proceso que se adelanta contra Nicolás Petro, luego de que se determinara que su situación de seguridad corresponde a un nivel de “riesgo extraordinario”.
La decisión fue adoptada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), tras evaluar denuncias relacionadas con amenazas e intimidaciones que también habrían afectado a un familiar del togado.
El juez Carbonó, quien lleva el caso que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informó a la UNP que tanto él como su hija han sido objeto de seguimientos y acciones intimidatorias en las ciudades de Barranquilla y Bogotá.
De acuerdo con la información conocida, el funcionario judicial puso en conocimiento de las autoridades los hechos que, a su juicio, representan un riesgo para su integridad y la de su núcleo familiar. Tras el análisis correspondiente, la UNP determinó la adopción de un esquema de protección que incluye la asignación de un vehículo blindado, personal de escoltas y un chaleco de protección.
Sobre uno de los episodios reportados, el juez explicó que el 30 de julio de 2025 su hija, quien reside en la ciudad de Bogotá, fue abordada por dos mujeres a la salida de su lugar de residencia. Según la denuncia presentada, las personas se identificaron de manera indirecta y manifestaron conocer la identidad de su padre y el proceso judicial que adelanta, hecho que fue interpretado como una forma de intimidación.
La Unidad Nacional de Protección señaló que la calificación de “riesgo extraordinario” se da cuando existen circunstancias que superan los niveles ordinarios de amenaza y requieren la implementación de medidas reforzadas para garantizar la seguridad de la persona evaluada. En este caso, se tuvo en cuenta el contexto del proceso judicial en curso y los antecedentes reportados por el juez.
No es la primera vez que el juez Carbonó informa sobre situaciones de este tipo. Según registros conocidos, el funcionario había denunciado previamente amenazas que estarían relacionadas con decisiones judiciales adoptadas en otros procesos de alto impacto.
Las autoridades competentes indicaron que las denuncias serán objeto de verificación e investigación por parte de los organismos correspondientes, con el fin de establecer responsabilidades y determinar el origen de las intimidaciones reportadas. Entre tanto, se mantendrán activas las medidas de protección asignadas al juez y se hará seguimiento permanente a su situación de seguridad.
