Muchos colombianos quedamos sorprendidos al conocer la grabación de un vídeo que se volvió viral -y que fue realizado por un policía- donde la fiscal de turno en la Unidad de Reacción Inmediata de la ciudad de Medellín se negaba a realizar la judicialización de un delincuente acusado del robo de un celular e incluso llegó a amenazar al agente del orden con levantarle una investigación si insistía en que el ladrón debería ser judicializado.
Señora funcionaria: con el debido respeto, los colombianos le pagamos su salario para que haga su trabajo y es parte de este adelantar los oportunos procedimientos cuando la Policía Nacional le lleva a un bandido capturado por un presunto delito.
Quizá para usted un simple celular que alguien se lo robe a otro no tiene importancia, pero son muchos los trabajadores honestos que hacen grandes sacrificios económicos para adquirir este tipo de aparatos y puede llegar a representar hasta todo un mes de trabajo de una persona.
Yo le pregunto: ¿Si la víctima del robo hubiese sido un familiar suyo o usted misma, aún sostendría que no tiene sentido dejar a una persona detenida por dicho acto violento? Sin duda, su proceder es un mensaje directo a los que día a día viven de la delincuencia: roben, pero poquito así no serán detenidos.
Y ahora usted es la indignada según lo expresa en sus propias palabras: “Espero que nadie tenga que vivir ningún día de su vida una canallada como esta, que duele, duele muchísimo, que arremetan contra tu dignidad. Inicié las acciones legales pertinentes, formulando la respectiva denuncia, también atendiendo ante la comandancia de la Policía Metropolitana la queja y por supuesto radicaré también la misma queja ante Procuraduría”.
Insisto en mis cuestionamientos: ¿Dónde queda la dignidad de las personas que acuden a su despacho a buscar justicia por haber sido víctimas del robo de sus bienes -conseguidos con duro trabajo- y que han sido víctimas de la delincuencia común?
Infortunadamente, son cada vez más los ciudadanos que se toman la justicia por su propia mano y son muchos los llamados por parte de las autoridades para que estas situaciones no ocurran, pero su conducta como integrante del Ministerio Público frente a este hecho es un llamado para que continúen estas controversiales actitudes.
Queda en manos de las autoridades competentes la investigación de lo ocurrido, pero ojalá que la cuerda no se rompa por el lado más débil y pague los platos rotos el miembro de la Policía, institución que día a día trata de garantizar en las calles la seguridad de los ciudadanos.
Solo me queda dejar lo que manifestó Mario Iguarán, exfiscal general de la Nación:
“Incurrió en falta disciplinaria con ese trato descortés, desafiante y amenazante para con el policía y por no haber cumplido con sus funciones, pero además pudo haber incurrido en dos delitos; en el de prevaricato por omisión, ya que como servidora pública, como fiscal, se rehusó a cumplir un acto propio de sus funciones como era recibir la denuncia u orientar y hacer la judicialización correspondiente, pero, además, indujo al abuso de autoridad por omisión de denuncia cuando ella como fiscal no presta atención, no atiende al policía que quería denunciar y ella induciéndolo a que omitiera ese deber de denunciar”.
@lunado27
