El gobierno de Trinidad y Tobago confirmó que permitirá, en las próximas semanas, el uso de sus aeropuertos por parte de fuerzas militares de Estados Unidos para operaciones logísticas, en medio de un escenario de creciente tensión regional con Venezuela.
La autorización contempla actividades de reabastecimiento y rotaciones rutinarias de personal, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores trinitense, que no precisó plazos ni alcances adicionales.
El anuncio se produjo luego de que el Ejército estadounidense instalara un sistema de radar en el aeropuerto de Tobago. Las autoridades locales señalaron que el dispositivo está destinado a tareas de seguridad interna y control del crimen, y afirmaron que el territorio nacional no será empleado como plataforma para acciones ofensivas contra otros países.
Trinidad y Tobago dispone de dos terminales aéreas principales, el Aeropuerto Internacional de Piarco, en Trinidad, y el ANR Robinson, en Tobago, ubicadas a poco más de 11 kilómetros de Venezuela en su punto más cercano.
Desde Caracas, la reacción fue inmediata. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, acusó al gobierno trinitense de colaborar con Estados Unidos en la incautación de un buque cargado con petróleo venezolano, decomisado por la administración de Donald Trump la semana anterior.
A través de la presidencia venezolana, se afirmó que Trinidad y Tobago tuvo participación en lo que calificaron como un “asalto” a una embarcación que transportaba crudo, ocurrido el 10 de diciembre. El texto sostuvo que el hecho constituye una violación del derecho internacional y de los principios de libre navegación y comercio.
La medida adoptada por el Ejecutivo trinitense también generó cuestionamientos en el ámbito interno. Amery Browne, senador de la oposición y exministro de Asuntos Exteriores, señaló que la cooperación con Estados Unidos no puede considerarse rutinaria y advirtió que el país estaría asumiendo un rol de facilitador en un contexto de operaciones militares controvertidas. Según el legislador, la decisión expone a Trinidad y Tobago a mayores tensiones transfronterizas y a una relación asimétrica en materia de seguridad.
El contexto regional se ha visto marcado por el refuerzo de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Desde septiembre, Washington ha intensificado operaciones navales y aéreas en la zona, con acciones contra embarcaciones señaladas de transportar drogas y el despliegue de activos militares de gran escala. En octubre, un buque de guerra estadounidense atracó en Puerto España, lo que fue interpretado como una señal del aumento de la presión sobre el gobierno venezolano.
En respuesta, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que el país ha fortalecido su sistema de defensa aérea, como parte de una estrategia de vigilancia y protección del espacio aéreo. Indicó que estas capacidades se desarrollan en el marco de una política sostenida desde finales de la década de 1990, que prioriza la adquisición de equipamiento militar a proveedores distintos a Estados Unidos.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro rechazó las acusaciones formuladas desde Washington y denunció la difusión de información falsa para justificar una escalada militar. En una intervención ante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, afirmó que Venezuela no representa un actor relevante en la producción ni el tráfico de drogas, según reportes de organismos internacionales.
El cruce de decisiones, despliegues y declaraciones mantiene a Trinidad y Tobago en el centro de una dinámica regional marcada por disputas diplomáticas y estratégicas en el Caribe.
