Supersociedades multó e inhabilitó a IMPOAMERICANA ROGER S.A.S. por irregularidades en la UNGRD

La Superintendencia de Sociedades informó que el pasado 19 de febrero impuso sanciones a la sociedad IMPOAMERICANA ROGER S.A.S., tras concluir una investigación administrativa por actos de corrupción, en aplicación de lo establecido en la Ley 2195 de 2022.

El proceso se originó a partir del suministro de 40 vehículos tipo carrotanque a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el marco de la Orden de Proveeduría SMD-CTQ-192-2023 del 12 de octubre de 2023. El contrato fue suscrito por un valor de 46.800 millones de pesos y se ejecutó en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica declarada en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con la Superintendencia, una vez agotadas las etapas del procedimiento administrativo, se determinó la responsabilidad de la empresa por la vulneración de disposiciones relacionadas con prácticas corruptas. Con base en esa conclusión, la entidad adoptó varias medidas sancionatorias.

Entre las decisiones se encuentra la imposición de una multa por $1.298.795.622 pesos. Además, se declaró la inhabilidad de la sociedad para contratar con entidades estatales, medida que limita su participación en procesos de contratación pública.

La resolución también ordenó la publicación de la parte resolutiva de la sanción en un diario de amplia circulación nacional, así como la remoción de los administradores de la compañía. De igual forma, se dispuso la prohibición para que la empresa reciba subsidios del Gobierno durante un período de diez años.

La Superintendencia precisó que la decisión está sujeta a los recursos previstos en la ley, por lo que la empresa podrá ejercer los mecanismos de impugnación correspondientes dentro de los términos establecidos.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, se refirió a la decisión y señaló que la entidad mantiene su labor de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, en desarrollo de las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico. Indicó que las actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas y promover prácticas empresariales ajustadas a la legislación vigente.

La Ley 2195 de 2022, que sirve de fundamento a la actuación, fortaleció los mecanismos para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en el ámbito empresarial, ampliando las facultades administrativas de la Superintendencia en esta materia.

El caso se relaciona con la contratación realizada en el contexto de la emergencia declarada en La Guajira, escenario en el que distintas entidades del Estado adelantaron procesos para atender la situación humanitaria y garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas. La investigación administrativa evaluó la actuación de la empresa en ese marco contractual y concluyó con la imposición de las medidas anunciadas.