La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SuperServicios) solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) un concepto crucial que permitiría la intervención en tres importantes generadoras de energía en Colombia.
Se trata de Gecelca, Gensa y Urrá y con esta petición, realizada inicialmente por el exsuperintendente Dagoberto Quiroga antes de su salida del cargo, se fundamenta en problemas financieros y operativos detectados en dichas empresas, con el objetivo de fortalecer el suministro energético en la región Caribe, históricamente afectada por deficiencias en este servicio.
La Creg debe pronunciarse sobre esta solicitud, cuya aprobación posibilitaría que estas compañías se enfoquen en cumplir sus compromisos de generación, con especial atención en el abastecimiento estable de energía para la costa Caribe.
La intervención, en caso de ser aprobada, significaría que Gecelca, Gensa y Urrá operen bajo una supervisión estricta de SuperServicios, en línea con los planes del gobierno para estabilizar y mejorar la oferta eléctrica en el país.
Además de la problemática financiera en estas generadoras, la Superintendencia identificó en Urrá una presentación inexacta de información en el pasado, lo cual subraya la necesidad de una intervención para garantizar la transparencia y confiabilidad en sus operaciones.
De avanzar, esta medida representaría un paso significativo en la estrategia gubernamental de abordar los desafíos energéticos de la región con una visión de largo plazo.
Consejo de Estado anula sanción a Gustavo Petro
En otra decisión relacionada con el sector energético, cabe recordar que el Consejo de Estado revocó la sanción que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había impuesto al presidente Gustavo Petro por un supuesto desacato en el nombramiento de comisionados de la Creg.
El fallo reconoce que Petro inició el proceso para designar a los seis expertos dentro del periodo estipulado, aunque la posesión de los comisionados no se completó en el plazo de treinta días establecido por el Tribunal.
La decisión del Consejo de Estado señala que el plazo fijado debía interpretarse en relación con el avance en los trámites y no como una obligación de completar el nombramiento final en ese periodo.
