La plenaria del Senado de la República se reunió este martes para adelantar una sesión extraordinaria de control político en la que varios ministros del Gobierno de Gustavo Petro tendrán que exponer los fundamentos jurídicos, económicos y administrativos que sustentaron la declaratoria de emergencia económica expedida en diciembre pasado.
El debate se produce tras varias semanas de aplazamientos y en medio de cuestionamientos persistentes sobre la legalidad y pertinencia de la medida. La citación fue promovida por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien ha insistido en que el Congreso debe evaluar si el Ejecutivo cumplió con los requisitos constitucionales para acudir a este mecanismo excepcional.
Según el congresista, la discusión busca establecer si existieron hechos sobrevinientes, imprevisibles y de impacto inmediato que justificaran la expedición del decreto, o si, por el contrario, se trató de una decisión adoptada para enfrentar dificultades fiscales estructurales.
El decreto de emergencia económica fue anunciado por el Gobierno con el argumento de atender una crisis en las finanzas públicas y habilitar herramientas transitorias para modificar o crear tributos. Sin embargo, desde su expedición, varios sectores del Congreso han puesto en duda que esas circunstancias encajen en los supuestos que la Constitución contempla para activar este tipo de estados de excepción.
Motoa ha señalado que, a su juicio, no se presentó un colapso repentino de la economía ni una situación imprevista que no pudiera ser atendida mediante los instrumentos ordinarios del Estado. En esa línea, ha cuestionado que el Gobierno recurra a la emergencia para corregir decisiones de política pública adoptadas previamente, en ámbitos como el gasto, la estructura administrativa y la financiación de programas.
El senador también ha vinculado el debate con advertencias hechas desde el Legislativo sobre el rumbo de distintas políticas del Ejecutivo, entre ellas la estrategia de “Paz Total”, el manejo de los cultivos ilícitos y la situación del sistema de salud. Desde su perspectiva, estas dinámicas habrían derivado en presiones fiscales que no constituyen, en sí mismas, una emergencia en los términos exigidos por la Carta Política.
La demora en la realización del control político también ha sido objeto de reparos. Aunque inicialmente se contempló que el debate se realizara el 31 de diciembre, el Senado tardó casi un mes en convocar formalmente la sesión extraordinaria. El propio Motoa ha recordado que, una vez aprobado el debate, la ley establece plazos para su realización, lo que añade un elemento institucional al análisis.
A finales de diciembre, al menos 35 congresistas de distintas bancadas hicieron públicas sus dudas sobre la declaratoria, solicitando al Gobierno precisar cuáles fueron los hechos concretos, verificables y objetivamente constatables que motivaron la emergencia. También pidieron información sobre el impacto fiscal de los decretos legislativos expedidos al amparo de esa figura y sobre las razones para adoptar la medida en ese momento específico.
El debate de este martes se desarrolla, además, bajo la referencia obligada de los criterios fijados por la Corte Constitucional, que ha establecido que los estados de emergencia deben sustentarse en hechos graves e imprevisibles, que no puedan ser enfrentados por la vía ordinaria, y que las medidas adoptadas guarden relación directa con la situación invocada, tengan carácter temporal y respeten el marco de derechos fundamentales.
Con la comparecencia de los ministros, el Senado busca contrastar esos parámetros con las explicaciones del Ejecutivo y dejar constancia política sobre el alcance y la justificación del decreto que activó la emergencia económica.
