(OPINIÓN) ¡Ni que la plata fuera suya!. Por: Santiago José Castro Agudelo

El gobierno anunció un déficit fiscal del 7,1% del PIB para 2025, luego de haber suspendido la regla fiscal, medida que buscaba garantizar una transición hacia un déficit dentro de marcos seguros, que garantizara la estabilidad macroeconómica. A esto se suma una deuda pública que ya supera el 60% del PIB y metas incumplidas de recaudo, a pesar de la intensificación de visitas y auditorías por parte de la DIAN, que buscan “poner en cintura” a las empresas formales, mientras compran un tinto en la esquina o aprovechan los descuentos del andén, productos que para el estado no existen y a los que no exigen lo mínimo. “Economía popular” la llaman algunos.

Cabe aquí recordar que el déficit es el resultado de restarle al gasto del estado lo que recibe en ingresos. Es decir, se gasta más de lo que se tiene disponible y se recurre entonces a crédito u otras figuras, que terminan aumentando la deuda pública. Eso es lo que pagamos todos.

Lo triste del asunto es que, en la cultura política colombiana, se le exige muy poco a los servidores públicos, a quienes se les permite alardear de privilegios que en una democracia consolidada serían impensables. Desde hacer uso de aviones y vehículos oficiales para asuntos estrictamente personales, hasta cuantiosos gastos en publicidad, alegando que se trata de “socialización de programas gubernamentales”. Cuando algún buen servidor levanta la mano y sugiere evitar ese tipo de gastos, la respuesta suele ser “ni que la plata fuera suya”.

Pues bien, resulta que, en efecto, la plata no solo es de aquel, sino de todos los colombianos, especialmente de los que pagamos impuestos directos (lamentablemente una minoría). Quienes trabajamos en el sector privado, hemos interiorizado que debemos hacer que cada peso sude y genere valor, pues producirlo es difícil. Si esa lógica impregnara la cultura del servidor público-político en Colombia, las cosas serían muy diferentes. A lo mejor antes de alquilar o comprar una Toyota de 300 millones de pesos, verían otras opciones; antes de girar miles de millones en publicidad, priorizarían aquellos mínimos de infraestructura que están por resolver; antes de subir salarios de funcionarios y crear nuevas entidades, pensarían en las cargas que generan y que asumen los contribuyentes.

El problema es que un sector de la política asume que “plata hay”, lo que toca es “liberarla”. De allí que el Presidente exprese en su discurso del 20 de julio que se vale imponer inversiones forzosas al sector privado y que hay unos pocos que se quedan con mucho. Suena bien, enciende los ánimos de los desposeídos, genera aplausos entre quienes, no obstante, reciben su cheque del erario mes a mes. El problema es que la riqueza para que alcance toca generarla. Quitar a unos para dar a otros es acabar la acumulación que requiere cualquier inversión. Igual no importa, “ni que la plata fuera suya”, a fin de cuentas, se la van a quitar a otro, no a usted.

Una sociedad responsable exigiría del gobierno moderación en el gasto, austeridad e invertir en todo menos en clientelismo y en asuntos que no generan valor. El problema es que, en muchas partes de Colombia, el mismo estado ha detonado el círculo vicioso de ahuyentar al capital, para que la única fuente de ingresos para las familias sea el estado. Cuando muera la gallina de los huevos de oro y ya no haya quien pueda pagar impuestos, a lo mejor recordaremos que la plata sí era nuestra, pero la entregamos a unos pocos que se la repartieron y ya no queda nada.