(OPINIÓN) Libertad educativa. Por: Santiago José Castro Agudelo

Se cayó el proyecto de Ley Estatutaria que pretendía dar un nuevo aire a la educación en Colombia, según la propaganda oficial. Se habían logrado compromisos y el legislativo había dado ya un visto bueno importante, que, sin embargo, generó mucho malestar en el sindicato más importante de maestros, FECODE, que no dudo en declararse en paro y salir a las calles a protestar en contra de una iniciativa que promovía el gobierno que ayudaron a elegir y a cuyo partido generosamente financiaron. Todo lo que implique algún esquema de evaluación o mayor libertad para la contratación del servicio público educativo debe ser rechazado de tajo, pues lo consideran una agresión al magisterio. Me pregunto entonces: ¿Qué lugar le dan al aprendizaje, al bienestar, a la seguridad y a la motivación de sus estudiantes?

El artículo 44 de nuestra Carta Política es contundente al afirmar que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, pero es apenas un canto a la bandera. En últimas, lo que pasa con la primera infancia en Colombia interesa a muy pocos y el grueso de los recursos de la sociedad se orientan hacia la educación básica, media y superior, muchas veces de manera ineficiente. Recientemente, un exviceministro de educación básica y media exponía en la Universidad Popular del Cesar unos datos que a mí me llamaron poderosamente la atención, pero que no pudieron competir contra el Instagram y los chats que habían capturado la atención de buena parte del auditorio. Allí, se podía ver cómo los maestros del sector oficial son los profesionales con las mejores condiciones laborales en casi todos los municipios, con tres o cuatro excepciones, que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, si mi memoria no me falla.

Estabilidad, salarios por encima de la media de lo que hoy se gana un profesional en Colombia, generosos incentivos para promover proyectos pedagógicos, capacitación, etc., siguen siendo insuficientes. No en vano, los colegios privados, que obtienen mejores resultados en el conjunto de pruebas que administra el ICFES, suelen perder buenos profesores que optan por trasladarse al sector oficial, una vez han ganado un concurso. Las condiciones laborales son mejores y “eso allá es de por vida”, como me dijera una colega.

El problema es que las familias más pobres de Colombia están sometidas a la lucha por el cupo y no tienen alternativas reales para decidir sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos. Se asume que la garantía del derecho a la educación se debe limitar a la opción estatal disponible y que mejor ni sueñen con poder elegir. Eso sería un impulso a la competencia y eso es nefasto para quienes viven y defienden el monopolio, por encima de la libertad. Ese que paga por encima de lo que ofrece el mercado laboral libre, porque se aleja de esa dinámica y responde al riesgo de parálisis, a la movilización y al clientelismo.

¿Por qué no permitir que emerjan nuevas opciones educativas públicas y privadas que compitan, por una parte, de los recursos públicos, que son de la sociedad y generados por esta, para así aumentar la libertad educativa? ¿Por qué se asume que el Estado, preso como está del clientelismo y la corrupción, sea el único garante de la educación y formación de niños y niñas en Colombia?

En los Estados Unidos el gasto en educación básica y media se ha disparado en los últimos años, pero los resultados académicos de los estudiantes siguen estancados, algo muy similar a lo que ocurre en Colombia. Exigir que la educación sea lo primero, como un punto de partida discursivo para que se asigne más presupuesto a los maestros, suele dejar de lado esta realidad: a pesar del aumento en el gasto en educación, los resultados van de mal en peor. El Instituto Cato, por ejemplo, ha demostrado que no existe relación entre más gasto en educación y mejores resultados (https://www.cato.org/education-wiki/educational-freedom-an-introduction). De hecho, podría considerarse que los Estados Unidos han llegado a un punto en el que cada peso adicional invertido va al sifón y nadie realmente sabe qué pasó con él.

Si algo urge promover en Colombia es un sistema que garantice la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y no forzar a los más pobres a asistir a la única opción oficial que esté disponible. Hay muchas formas de hacerlo y la clave está en promover en todos los maestros un genuino interés por hacerlo siempre mejor, por competir, por no tener miedo a ser evaluados y a que las familias castiguen, con el retiro de sus hijos, a los colegios cuyos resultados son muy pobres.

Condenar a la mayoría de niños y niñas a estudiar en instituciones con pésimos resultados académicos, solo por aferrarse a beneficios que ha logrado un gremio, que hoy además es gobierno, es un error que nos puede costar muy caro como sociedad.