(OPINIÓN) La libertad cuesta, pero debe ser lo primero. Por: Santiago José Castro Agudelo

Durante el vuelo de Bogotá a Buenos Aires, con ganas de pensar sobre lo que ha sido el gobierno de Milei en estos primeros meses, viéndolo ser recibido por la presidente de la comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como un héroe, y vituperado por Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España; aproveché para leer aquella conferencia que ofreció Ludwig Von Mises en la Universidad de Princeton, durante la novena reunión de la Mont Pelerin Society, en octubre de 1958: Libertad y propiedad. Insistía entonces Von Mises en su defensa del capitalismo, aclarando, entre otras, que no se trata de producción masiva sin más, sino de producción masiva para satisfacer las necesidades de las masas. El consumidor, como el elector, tiene un poder del cual muchas veces no es consciente y se deja llevar por discursos grandilocuentes que ensordecen primero, y empobrecen cuando entran en acción.

Sugería que, al entregar la libertad para buscar la prosperidad, los rusos habían hecho un mal trato, pues se habían quedado sin la una y sin la otra, bajo el régimen soviético. Recordé entonces las recientes declaraciones de un funcionario del Gobierno Nacional, quien sugería revisar el estatuto de la oposición, debido a que se había aprobado en otro momento, en el que las fuerzas progresistas eran oposición y no gobierno, por lo que ahora es menester reconocer esa nueva realidad y “defender las instituciones”.

Es decir, con el fin de lograr la prosperidad que un sector de la sociedad considera tal, habría que limitar la posibilidad de que los demás, incluso si son mayoría, se opongan. Les temen a los consumidores más que a los empleados, e insisten en ver en los empresarios-empleadores un grupo limitado de opresores a los que les llegó la hora. Pretenden escribir una nueva historia oficial, entronizando símbolos que apenas representan a un sector que se sublevó, primero con la espada de Bolívar, luego con las banderas del M-19 ondeando en los eventos del Presidente, y ahora declarando el sombrero de Pizarro como Símbolo Nacional (mi abuela materna fue víctima del M-19 siendo secretaria en el Consejo de Estado durante la toma del Palacio de Justicia, por lo que esos símbolos no pueden ser otra cosa que una afrenta difícil de asimilar).

Adicional a esto, anunció el jefe del Estado que no habrá más exportaciones de carbón a Israel, pensando desde su postura frente a un conflicto del que se hizo parte, sin serlo, olvidando los millones de dólares que dejarían de recibir departamentos como el Cesar y La Guajira. Una vez más, cae en la trampa de negar toda oposición, todo diálogo, y buscar imponer un nuevo modelo político y económico en el que prevalece el Estado, alegando que solo así se logra el bienestar social.

El problema es que en Colombia el Estado crece y crece, confundiendo la presencia estatal, con la presencia de programas de gasto público desmedido. Tan desmedido que ya han tenido que recortar varios billones y solicitar un nuevo cupo de deuda superior a los $17 mil millones de dólares (+- 68 billones de pesos) que terminarán pagando quienes hoy inician su etapa preescolar.

Mientras tanto, lo mínimo que debe garantizar un Estado, seguridad e imperio de la ley, ha quedado en nada. Salir a la calle es un acto heroico en muchas ciudades de Colombia y pretender que el sistema de administración de justicia opere eficientemente es uno de esos anhelos que quedan en nada, con las cárceles llenas de personas esperando condena o absolución y los reincidentes rondando las aceras, seguros de que nadie los castigará.

Von Mises tenía claro que la propiedad privada era el medio que le permite al hombre común, en su capacidad como comprador, supremacía sobre todos los asuntos económicos. Esto es algo que el hoy Presidente de la República Argentina repite de manera consistente en todas sus declaraciones y que, “peor aún”, pone en práctica, en el marco de la Constitución y la Ley. El Estado debe limitarse a garantizar la propiedad y la libertad, antes de transitar hacia otro modelo. Si bien Colombia se declara un Estado Social de Derecho y ello debe respetarse, primero tiene que haber un estado que cumpla lo mínimo. De lo contrario, podemos terminar promoviendo una limitada noción de prosperidad vía aparato estatal, acabando con la poca libertad que aún existe en Colombia y que ha costado tanto.

La libertad cuesta, genera angustia, obliga a trabajar mucho para superar obstáculos para salir adelante y exige de los privilegiados un ejercicio permanente de responsabilidad y solidaridad. Sin embargo, suspenderla con el alegato de buscar la justicia social o la prosperidad sería un error que tardaríamos años en corregir. Pregunten en Argentina, Venezuela o Cuba y me cuentan…