Democracia e iniciativa privada

Por: Santiago José Castro Agudelo

La semana pasada se llevaron a cabo nuevas movilizaciones de respaldo al actual Gobierno Nacional, especialmente en la ciudad de Bogotá. Se trata de un elemento válido y fundamental en una democracia, aunque igualmente válido es cuestionar que se promuevan movilizaciones vía contratación pública, como algunos han denunciado. Lo uno y lo otro es muestra de que, en Colombia, con todo y sus falencias, tenemos una democracia.

Ahora bien, me llama mucho la atención las arengas enardecidas que reclaman la estatización de todos los sectores de la economía, especialmente aquellos que tocan los derechos fundamentales. Estatizar la salud, las pensiones, la educación, las relaciones laborales. El argumento es que la única forma de garantizar esos derechos es manteniendo al margen todo interés privado. El ánimo de lucro es visto como algo propio de seres desalmados y se asume que solo el estado sería capaz de garantizar que prime el bien común.

Olvidan que, tal como lo demostraron en su momento Andrés Dávila y Francisco Leal, el sistema político colombiano es el sistema político del clientelismo. Es decir, el estado en últimas está capturado por intereses particulares, que responden a la dinámica de la movilización electoral, de la que dependen las facciones políticas más importantes a nivel nacional. James Robinson, múltiples trabajos del CINEP y el clásico de Fernando Guillén Martínez, El poder político en Colombia, desarrollan la tesis de un gobierno indirecto, en el que el centro interactúa con las élites locales, buscando una estabilidad que suele ir en contravía del estado de derecho y de la consolidación de instituciones políticas incluyentes e inclusivas. Podemos afirmar entonces que el monopolio estatal termina respondiendo a intereses particulares de unos privados, encubierto en un discurso en el que el vicio le hace venía a la virtud y la supera.

Así las cosas, el ataque a la iniciativa privada termina por ser un ataque a la competencia y a la libertad que debe tener la ciudadanía para elegir entre múltiples opciones, en el marco de un estado que se alega constitucional, democrático y de derecho. ¿Recuerdan, apreciados lectores, lo que costaba una llamada nacional o internacional durante el reinado de TELECOM? ¿Recuerdan la limitada oferta de educación en todos los niveles antes de que aparecieran las opciones privadas, que las hay de todo tipo y valor? ¿Recuerdan cuándo la única opción era el hospital público y no la libertad de escoger una EPS y pedir cambio si el servicio es deficiente?

Colombia es un estado social de derecho, no un estado socialista. El problema, porque es un problema, es que se ha generalizado una narrativa que ha invadido los currículos educativos, según la cual la única posibilidad de garantizar los derechos es vía intervención estatal, mayor regulación, altos impuestos a quienes generan riqueza y protección de determinadas industrias, por encima de los intereses de los consumidores. Llama la atención leer preguntas de las pruebas de estado donde se habla de neoliberalismo con ligereza, relacionando gravemente la propiedad privada individual con los males de la economía, asentando un discurso de lo colectivo como la única salida.

La iniciativa privada y la democracia van de la mano. La reducción de la primera termina por limitar la segunda. El monopolio estatal y el partido único son hermanos siameses. Algunos sueñan con lo que en su momento Enrique Krauze describió como “la presidencia imperial” en México. Olvidan que un sistema de frenos y contra pesos es fundamental para evitar caer en la tiranía. De pronto sin darse cuenta repiten una y otra vez “Todo en el estado, nada contra el estado, nada fuera del estado”. Piensan en Marx, pero gritan con Mussolini.

Lo más triste del asunto, es que la pretendida corrección política ha llevado a que solo en círculos privados se ventilen las críticas, mientras que el uso público de la razón se reserva para asuntos privados. Vaya paradoja. ¿Qué pasó con la ilustración?

Hace poco me preguntaron qué libros estamos trabajando con mis estudiantes de décimo y duodécimo grado. Mi respuesta molestó a mi interlocutor pues le informé que estábamos leyendo “Commercial Society” de Johnson, Shcmidtz y Lusch, “Basic Economics” de Thomas Sowell y “Crises of Democracy” de Adam Przeworski. Me acusó de neoliberal reaccionario. Se me olvidó decirle que hace meses habíamos leído a Estanislao Zuleta, a James Robinson y a Antonio Caballero.