ANDI advirtió riesgos por eventual liquidación de EPS y alertó sobre impacto en el sistema de salud

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) emitió un pronunciamiento en el que advierte sobre una posible liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y expresó su preocupación por las consecuencias que esta decisión podría tener en la salud de los colombianos.

De acuerdo con el gremio, el sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Señala que la coyuntura financiera actual está generando una crisis humanitaria para usuarios y pacientes, además de un debilitamiento de la confianza entre los actores del sistema. En ese contexto, advierte que la falta de recursos suficientes y de un flujo oportuno compromete la prestación adecuada de los servicios de salud.

La ANDI indica que la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), así como la insuficiencia y la inoportunidad en el pago de los Presupuestos Máximos, ponen en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias. Recuerda que estos recursos son esenciales para cubrir el pago de servicios a prestadores, los salarios y honorarios del talento humano en salud, así como la compra de medicamentos, dispositivos médicos e insumos.

En su pronunciamiento, el gremio también hace referencia a lo señalado por la Corte Constitucional de Colombia, según la cual la crisis financiera del sector salud tiene su origen en la insuficiencia de la UPC y en un rezago que se ha incrementado desde 2021. En ese sentido, la ANDI sostiene que los problemas financieros del sistema han sido inducidos por el Gobierno nacional. Añade que, pese a que la Corte ordenó concertar el valor de la UPC y el monto del rezago, así como expedir una normativa que establezca un periodo de transición para el cumplimiento de los indicadores financieros de las EPS, estas órdenes no han sido acatadas. Bajo esta perspectiva, afirma que las decisiones de intervención o liquidación basadas en indicadores financieros carecen de legitimidad y contradicen la jurisprudencia constitucional.

El gremio advierte que la eventual liquidación de EPS implicaría el traslado masivo de afiliados, sin que exista claridad sobre cuáles entidades serían objeto de la medida, qué pacientes tendrían que ser trasladados ni cuáles serían las EPS receptoras. Según la ANDI, si se consideran únicamente las EPS actualmente intervenidas para administrar, sin incluir a la Nueva EPS, se verían afectados 11,8 millones de afiliados. Sin embargo, advierte que si el criterio de selección cambia, la magnitud del impacto podría ser mayor.

Asimismo, sostiene que la liquidación de EPS podría convertirse en un mecanismo “de facto” para evadir decisiones judiciales y trasladar pacientes a la Nueva EPS. Señala que esta situación guarda relación con las consecuencias del decreto de regionalización del aseguramiento, recientemente suspendido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que otorgó medidas cautelares para evitar un daño inminente en las condiciones de vida digna, salud e integridad de las personas que se verían obligadas a trasladarse a esa entidad.

La ANDI advierte que un traslado de millones de personas representa riesgos en varios frentes. En primer lugar, menciona la posible ruptura en la continuidad de la atención, especialmente para pacientes con enfermedades como cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, patologías crónicas, salud mental, embarazos de alto riesgo o en recuperación posthospitalaria, quienes dependen de autorizaciones, rutas de atención, bases de datos y redes clínicas estructuradas. Indica que un traslado de esta magnitud podría generar demoras en citas, entrega de medicamentos, remisiones y procedimientos.

En segundo lugar, el gremio señala el impacto sobre las EPS receptoras, que podrían enfrentar concentración de riesgo y pérdida de capacidad operativa para atender pacientes con tratamientos en curso, así como dificultades en la negociación de nuevos contratos con la red prestadora y proveedores de tecnologías en salud.

Finalmente, advierte sobre las implicaciones económicas de una decisión de este tipo, al desconocer las deudas acumuladas entre los actores del sistema, lo que pondría en riesgo la continuidad de la cadena de valor, incluyendo el pago de salarios y honorarios del talento humano en salud y su estabilidad laboral.