Si se repite el aumento del 11 % decretado en 2025, el salario mínimo alcanzaría los $1.580.000, más un auxilio de transporte que podría superar los $220.000.
El Gobierno insiste en un alza real, mientras empresarios advierten sobre riesgos económicos.
Con el fin de año a la vista, el país se prepara para una de las negociaciones más esperadas: la definición del salario mínimo para 2026. El punto de partida es el salario vigente en 2025, fijado por decreto en $1.423.500, más $200.000 de auxilio de transporte, para un total de $1.623.500 mensuales.
Las proyecciones actuales plantean tres escenarios:
- Aumento mínimo (6,5 % – 7 %): el salario quedaría entre $1.515.495 y $1.522.610, más auxilio de transporte.
- Aumento moderado (9 %): alcanzaría los $1.551.615, más auxilio.
- Aumento alto (11 %): subiría a $1.580.000, con un auxilio de transporte cercano a $222.000, para un total de $1.802.000.
El presidente Gustavo Petro ha reiterado que el aumento de 2026 será superior a la inflación, en línea con su política de incrementos reales. Desde la COP30 en Brasil, afirmó que el salario mínimo debe ser un instrumento para reactivar el consumo y mejorar los ingresos reales de los hogares. “El salario mínimo lo subí como ninguno, aún me queda un año y voy a aprovechar”, declaró el mandatario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha respaldado la política de aumentos por encima de la inflación, pero ha advertido sobre la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. Con una inflación proyectada del 5,18 % y una productividad estimada del 2,6 %, el rango técnico de aumento estaría entre 6,5 % y 7 %. Sin embargo, el Gobierno ha sugerido un ajuste del 11 %, lo que ha generado tensiones con el sector empresarial.
El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el ajuste a discutir debe considerar variables como:
- La inflación causada y proyectada
- La productividad laboral
- El crecimiento del PIB
- La participación de los salarios en el ingreso nacional
- El concepto de “salario vital y móvil”, respaldado por la OIT
Los gremios empresariales, encabezados por Fenalco y la ANDI, han manifestado su preocupación por un posible aumento de dos dígitos. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que un incremento del 11 % “no tiene sustento técnico” y podría afectar la formalidad laboral, especialmente en las MiPymes, que representan más del 90 % del tejido empresarial del país.
Algunos empresarios incluso han amenazado con no participar en la mesa de concertación si el Gobierno insiste en imponer el aumento por decreto, como ocurrió en 2025.
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se instalará en la primera semana de diciembre. Si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de diciembre, el Gobierno podrá fijar el aumento por decreto, como lo ha hecho en los últimos dos años.
El debate no solo gira en torno a cifras, sino a visiones de país: mientras el Gobierno busca reducir la pobreza y dinamizar el consumo, los empresarios temen un impacto negativo en la inflación, el empleo y la competitividad.
