¿Cambiarán los procesos de revocatoria en Colombia?

Desde 2020 se inscribieron 121 comités promotores de la revocatoria del mandato de diferentes alcaldes y gobernadores. Sin embargo, el mecanismo únicamente fue aprobado en dos oportunidades y solo una de ellas, la de Susa, Cundinamarca, culminó con la salida de la alcaldesa del municipio.

De hecho, en Colombia solo dos mecanismos de revocatoria han sido exitosos: además del de Susa, en 2018 se presentó la del alcalde de Tasco, en Boyacá.

Ante esta realidad, y con el propósito de proteger, promover y garantizar el libre ejercicio del mecanismo, el representante Hernán Cadavid presentó un proyecto de ley para reformar la revocatoria del mandato en Colombia.

Según el congresista, hay un vacío en cuanto a las competencias de los diferentes entes que participan en el proceso. Además, hay un abuso de los mandatarios que la ciudadanía pretende revocar, quienes hacen uso indiscriminado de la tutela.

De igual forma, la lentitud en trámites ante la Registraduría, la obstrucción política de los partidos a los que pertenece el mandatario y la poca regulación del proceso de certificación de los estados contables, hacen de la revocatoria un viacrucis difícil de recorrer.

¿Qué propone?

El representante Hernán Cadavid propone, entre otras, determinar claramente cada una de las etapas del proceso de revocatoria, asignando tiempos perentorios y regulando las sanciones respectivas por el incumplimiento de los términos.

Además, plantea la regulación del trámite y efecto de las audiencias públicas y la asignación de competencias claras a cada uno de los entes estatales involucrados.

Asimismo, expresa la necesidad de crear un mecanismo de control judicial para las revocatorias y crear un deber de pasividad de los mandatarios objeto del mecanismo, durante el término de recolección de apoyos.

De igual forma, según Cadavid, es indispensable regular las campañas a favor del sí, del no y de la abstención, promoviendo la igualdad de armas entre los comités, los promotores y los gobernantes incursos en un proceso de revocatoria.

De esta manera, las reglas democráticas para el ejercicio del mecanismo de participación quedarían mucho más claras, lo que beneficiaría a la ciudadanía en el desarrollo de sus derechos políticos.