Resistencia empresarial y comunitaria sigue complicando reubicación de los indígenas Emberá en sede del Idpac en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá enfrenta un nuevo desafío en el proceso de reubicación de la comunidad Emberá asentada en la Unidad de Protección Integral (UPI), luego del rechazo manifestado por empresarios y residentes del sector de Ciudad Salitre, donde se encuentra la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (Idpac), predio propuesto por el Distrito como posible albergue provisional.

El traslado de la comunidad indígena fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de un fallo del 28 de mayo de 2025, argumentando deficiencias en las condiciones de salubridad, vivienda y derechos fundamentales en los espacios actualmente ocupados por los Emberá. La decisión impone una fecha límite para el traslado, lo que ha acelerado las gestiones del Distrito.

Pese a que la administración ha señalado que el Idpac reúne las condiciones más adecuadas, la propuesta ha generado resistencia. Inicialmente, fueron los residentes del sector quienes expresaron su oposición, a través de manifestaciones y encuentros con autoridades distritales, recientemente, se sumó el sector empresarial.

Gerardo Vélez, presidente ejecutivo de Lockers Colombia, aseguró que la reubicación podría representar un impacto patrimonial negativo para las empresas instaladas en la zona industrial de Montevideo. También manifestó preocupaciones relacionadas con la seguridad, la movilidad y la salubridad. Desde el Centro Comercial Salitre Plaza se reiteraron los temores por una posible invasión de espacios privados y el deterioro de la convivencia.

Tatiana Domínguez, representante legal de varios conjuntos residenciales en Ciudad Salitre, indicó que la mayor inquietud compartida en las reuniones con el Distrito ha sido de tipo humano. Señaló que, al ser una zona de carácter industrial, no hay condiciones adecuadas para una organización estable de la comunidad indígena, lo que podría generar dispersión e incertidumbre.

Paralelamente, la administración distrital ha continuado los acercamientos con los líderes Emberá para buscar un consenso. Isabelita Mercado, alta consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación, confirmó que representantes del asentamiento visitaron las instalaciones del Idpac el pasado 6 de julio. Sin embargo, también reconoció que las reuniones han tenido momentos de tensión, y en una de ellas los líderes indígenas se levantaron de la mesa de diálogo.

Según Mercado, la comunidad ha manifestado como prioridades la garantía de acceso a saneamiento básico, servicios públicos y condiciones de vida dignas. La situación al interior del grupo Emberá también ha influido en el proceso, ya que han surgido diferencias y tensiones internas que dificultan avanzar en una solución colectiva.

Este 28 de julio se realizó un nuevo encuentro entre la Secretaría de Gobierno y empresarios del sector, como parte del espacio de diálogo promovido por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Germán Vélez, uno de los voceros del gremio, informó que durante la reunión se planteó la posibilidad de que el Distrito no utilice finalmente el Idpac para la reubicación.

De acuerdo con Vélez, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, explicó que el predio está ocupado actualmente por más de 300 empleados y que el Distrito tendría que reubicarlos. También se mencionaron dos procesos contractuales pendientes: uno para el traslado del personal institucional y otro para adecuar el lote con condiciones para albergar a más de 1.000 personas, incluyendo baterías sanitarias y alojamiento.

Estas condiciones logísticas y contractuales, según se indicó en el encuentro, harían improbable que se cumpla el plazo fijado por la sentencia judicial antes de agosto. Mientras tanto, la administración continúa evaluando alternativas para dar cumplimiento a la orden judicial y garantizar condiciones adecuadas para la comunidad Emberá.