Reacciones tras la exoneración al Consorcio CCC Ituango por el colapso de Hidroituango

El reciente fallo del Tribunal Arbitral Internacional que exoneró al Consorcio CCC Ituango de responsabilidad en el colapso de la galería auxiliar de desviación en el Proyecto Hidroituango ha generado diversas reacciones entre los líderes políticos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión, calificando la sentencia como una confirmación de que los contratistas actuaron conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. En su cuenta de X, Gutiérrez acusó a quienes promovieron acusaciones infundadas contra los constructores, señalando que ahora los responsables del daño a la ciudad deberán enfrentar las consecuencias legales por el desfalco ocurrido.

Por otro lado, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, reaccionó de manera opuesta, insistiendo en que la decisión del tribunal no exime de responsabilidad a los contratistas. Quintero destacó que la demanda por 9,9 billones de pesos, que él presentó en 2020 contra los responsables del colapso, sigue en curso y que la investigación cuenta con pruebas irrefutables.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a las reacciones, celebrando el fallo como un paso positivo para el departamento. Para Rendón, la decisión aporta claridad a un proceso que ha sido doloroso para Antioquia y para Colombia. Destacó la importancia del fallo para el futuro de Hidroituango, subrayando que el proyecto es crucial para la estabilidad energética del país. «Bienvenida la verdad», expresó el mandatario, quien espera que este fallo permita superar los obstáculos jurídicos y técnicos y que la construcción de la obra continúe sin mayores contratiempos.

El fallo resolvió el litigio entre el Consorcio CCC Ituango, compuesto por las empresas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa, y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Este proceso de arbitraje se originó por la disputa sobre las responsabilidades en el colapso de la galería auxiliar en abril de 2018, que provocó una grave crisis en el megaproyecto hidroeléctrico.

El tribunal determinó que los contratistas no tuvieron responsabilidad en la emergencia, una decisión que ha sido interpretada de manera contradictoria por los diferentes actores políticos.