La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución y la inhabilidad general por nueve años contra Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura de Medellín en 2020, y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques, por irregularidades en la ampliación de un contrato millonario suscrito durante la pandemia.
De acuerdo con la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, los exfuncionarios prorrogaron sin justificación válida un contrato firmado el 3 de noviembre de 2020 por $5.226 millones, cuyo plazo inicial era de tres meses y que finalmente se extendió hasta el 10 de junio de 2021.
La defensa sostuvo que la ampliación respondía a medidas adoptadas por las autoridades para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19; sin embargo, el Ministerio Público determinó que esa explicación no correspondía a un hecho imprevisto o sobreviniente, sino a circunstancias que ya eran plenamente conocidas al momento de firmar el acuerdo.
El ente disciplinario concluyó que la modificación del contrato desconoció principios esenciales de la administración pública, como la economía y la eficacia, y que la actuación de Urrego y Liévano constituyó una falta gravísima cometida con culpa gravísima.
Esta decisión se enmarca en un proceso de mayor alcance sobre presuntas irregularidades en la contratación durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero.
La investigación, iniciada por la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2023, involucra a cerca de 20 exfuncionarios y contratistas relacionados con entidades como Metroparques, Inder, Buen Comienzo y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Entre los hallazgos más relevantes figura que, en el proceso contractual de octubre de 2020, Metroparques invitó únicamente a tres empresas pertenecientes a un mismo núcleo familiar, y una de ellas resultó seleccionada.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Urrego, Liévano y a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
La investigación también abarca otros convenios cuestionados, como uno suscrito en septiembre de 2020 para apoyo logístico en actividades recreativas y deportivas, que pasó de tener dos meses de ejecución a recibir varias prórrogas y adiciones presupuestales hasta alcanzar $24.205 millones y extenderse hasta julio de 2022.
Sobre la decisión de la Procuraduría, el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo mención al expresar en su cuenta de X que: “los que se robaron a Medellín, siguen cayendo”, y agregó que en esta ocasión era por proceso de los Jardines.
“Recordemos que le quitaron el contrato al Jardín Botánico, para entregárselo a un particular. Y luego dejaron morir los jardines. Hoy de nuevo, Medellín florece y de nuevo los jardines están bonitos. Y estamos sembrando más, puntualizó Gutiérrez
