La Procuraduría General de la Nación emitió un preocupante informe en el que cuestiona el impacto de la política de «Paz Total» del Gobierno de Gustavo Petro.
Según el documento, la estrategia ha contribuido al aumento del accionar de grupos armados ilegales que utilizan minas antipersonal para ejercer control territorial, obstaculizando los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención de Ottawa.
El informe, dado a conocer por Bluradio, analiza el período comprendido entre enero de 2020 y marzo de 2024, destacando cómo las zonas más afectadas por la presencia de minas coinciden con áreas de emergencia humanitaria recurrente.
Estas regiones, que representan el 10 % de los municipios colombianos, tienen una marcada presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal, actividades que financian a grupos armados organizados.
“El conflicto armado se ha intensificado tras el Acuerdo de Paz de 2016, y los ceses al fuego derivados de la política de Paz Total han facilitado el accionar de estructuras criminales que emplean artefactos explosivos para ejercer control territorial”, señala la Procuraduría.
Impacto de la «Paz Total» en el desminado humanitario
Colombia ha logrado avances significativos en la destrucción de arsenales y desminado en áreas bajo control estatal, pero las zonas pendientes, que incluyen regiones de difícil acceso, enfrentan serios obstáculos.
La suspensión de operaciones ofensivas por parte de las Fuerzas Armadas, como parte de los diálogos de paz con grupos armados ilegales, ha dado espacio para que estas estructuras amplíen su control y sigan utilizando minas antipersonal de manera indiscriminada.
Actualmente, Colombia se prepara para presentar una tercera solicitud de prórroga ante la Convención de Ottawa, que extendería el plazo para cumplir con el desminado hasta 2030. El país ha solicitado extensiones similares en 2011 y 2021, debido a la persistencia de estas problemáticas y las condiciones geográficas adversas.
Barreras en la atención a víctimas
El informe también subraya las dificultades en la atención integral a las víctimas de minas antipersonal. Las barreras incluyen:
- Dificultad en evacuación y atención urgente: Las víctimas, muchas de ellas en zonas remotas, enfrentan problemas para ser trasladadas a centros de salud y recibir atención médica oportuna.
- Falta de seguimiento: No se garantiza el acompañamiento a largo plazo, lo que afecta la rehabilitación de quienes adquieren discapacidades por estas explosiones.
- Acceso limitado a servicios: Las víctimas tienen restricciones en educación, vivienda, indemnizaciones y programas de reintegración socioeconómica.
Llamado a acciones urgentes
La Procuraduría insiste en que el Gobierno debe formalizar y fortalecer la ruta de atención integral a las víctimas, coordinando esfuerzos entre entidades responsables en salud, educación y reparación. Además, recalca la necesidad de elaborar un estándar nacional que garantice respuestas efectivas frente a este problema.
Mientras tanto, la política de «Paz Total» enfrenta crecientes críticas, no solo por el recrudecimiento del conflicto armado en ciertas regiones, sino también por los desafíos que plantea en términos de seguridad y protección de los derechos humanos.
