Rodrigo Londoño, conocido en el pasado como ‘Timochenko’ y actual presidente del partido Comunes, lanzó fuertes críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asegurando que esta “se ha descarrilado” en su misión de implementar la justicia transicional pactada en el Acuerdo de Paz de 2016.
En un comunicado, Londoño respondió a declaraciones recientes del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, quien advirtió que el tiempo para las investigaciones está agotándose, ya que la jurisdicción tiene un límite de 15 años, repartidos entre etapas de investigación y juzgamiento.
Ramelli también señaló que lo que no logre investigarse pasará a la justicia ordinaria, donde las sanciones no serán restaurativas, sino penales.
Acusaciones de incumplimiento y gasto excesivo
Londoño expresó que las palabras de Ramelli confirman sus temores respecto al rumbo de la JEP. “En más de seis años, 9.906 firmantes de paz suscribimos acta de sometimiento y cerca de 800 hemos comparecido ante la jurisdicción.
Sin embargo, no hay ninguna sentencia emitida ni renuncias a la persecución penal, y solo se han otorgado 827 amnistías de 5.065 solicitadas”, afirmó.
El líder del partido Comunes cuestionó además el uso de los recursos asignados, mencionando que la JEP ha consumido más de dos billones de pesos provenientes tanto del erario público como de la comunidad internacional, sin cumplir con sus objetivos.
Llamado al Consejo de Seguridad de la ONU
Ante lo que considera incumplimientos del acuerdo, Londoño anunció que llevará el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “La transgresión manifiesta de violar los tiempos constituye una evidente violación al Acuerdo de Paz, lo que será presentado como denuncia formal”, advirtió.
Asimismo, señaló que si no se logran investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado de manera efectiva, esto podría abrir la puerta a una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).
Londoño alertó sobre las implicaciones de las “decisiones erráticas” de la JEP, que según él, ponen en peligro el proceso de paz y pueden generar nuevas violencias en el país. “Estas equivocaciones serán caldo de cultivo para miles de nuevas víctimas, mientras se destruye la posibilidad de que no se repitan los horrores de la guerra en Colombia”, afirmó.
El mensaje concluye con un llamado a los magistrados de la JEP a reflexionar sobre su responsabilidad histórica en la construcción de una paz duradera en Colombia.
La controversia evidencia las crecientes tensiones entre los firmantes del acuerdo y las instituciones encargadas de su implementación, lo que pone en entredicho el futuro de la justicia transicional en el país.
