domingo, enero 16, 2022
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(PRIMICIA) Hallazgos por mas de 3 mil millones de pesos en informe de la Contraloría de Medellín, pone en aprietos al Alcalde Quintero Calle

La Contraloría de Medellín, entregó en la noche un informe que deja en evidencia serios hallazgos que comprometen la administración de Daniel Quintero Calle y que podría llevar a procesos fiscales en contra del mandatario local, ante la gravedas de los mismos.

Se trata del resultado de una revisoría y análisis de contratos y procedimientos que involucran multimillonarios recursos utilizados por la administración del alcalde y que se gastaron por fuera de los requisitos y el cumplimiento de las normas legales durante el 2020.

El informe de 195 páginas presenta 41 hallazgos, tras evaluar los Resultados Evaluación Estados Financieros y Presupuesto vigencia 2020 y los Resultados Evaluación Gestión de la Inversión y del Gasto, Conceptos de Aspectos Transversales de los Macroprocesos Gestión Presupuestal y Gestión Financiera.

En el consolidado de estados financieros y presupuesto, se encontraron cinco hallazgos administrativos y en el componente de inversión, del gasto y gestión presupuestal y financiera, se encontraron 36 hallazgos mas.

Dentro de estos últimos, hay 22 hallazgos administrativos, uno administrativo con incidencia fiscal por $126,630,369 de pesos y cuatro hallazgos mas con incidencias disciplinarias.

En el mismo aparte de Gestión presupuestal, financiera y estados financieros, la contraloría hizo siete hallazgos con mas de una incidencia, entre Fiscal y Disciplinaria por valor de $3,048,488,728 de pesos, y dos hallazgos mas con incidencia disciplinaria y penal, por las que el alcalde tendría que responder.

La mayoría de los hallazgos están en irregularidades en las Secretarías de Educción y de Salud, según revela el informe, el mismo que dice que «El enfoque de la auditoría se fundamentó en los contratos interadministrativos y en 108 contratos COVID, incluyendo los de la Auditoria Especial contratación COVID- 19 vigencia 2020, además se determinaron otros riesgos, que fueron evaluados, tales como la inoportunidad en la legalización y el reconocimiento del bien o servicio, de los recursos entregados en administración a la EDU, y partidas pendientes de identificar de vigencias anteriores en las conciliaciones bancarias.»

Indica también el informe que «con relación a los contratos COVID, del análisis realizado por los equipos auditores, se dejó evidencia de cuatro (4) hallazgos relacionadas con el contrato 4600087735, de 2020, dos (2) administrativos, uno (1) administrativo con presunta incidencia disciplinaria y uno (1) administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $645.065.068 y de la auditoría Especial contratación COVID, se presentaron dos (2) hallazgos administrativos, dos (2) con incidencia disciplinaria y uno (1) con incidencia fiscal por $62.351.415, para lo cual se presentaron los respectivos planes de mejoramiento y el hallazgo con incidencia disciplinaria fue trasladado a la Personería de Medellín.»

El informe señala que «Con relación al resultado obtenido en la gestión de la inversión y del gasto se evidenciaron 30 hallazgos, uno (1) hallazgo con presunta incidencia fiscal valorado en $126.630.369 que se presenta en la Secretaría de Educación, siete (7) hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $3.048.488.728, presentadas en las secretarías de Salud y Educación, dieciséis (16) hallazgos administrativos, dos (2) hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y penal y cuatro (4) hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria».

Los hallazgos incorporan irregularidades en la secretaría de comunicaciones y en el contrato interadministrativo que sostiene con Telemedellín. Al respecto, el informe indica que «evidencian sobreejecuciones por valor de $273.105.281, distribuidas de la siguiente manera: $255.751.612 correspondientes a la diferencia entre la relación de los recursos facturados a Telemedellín por sus proveedores de bienes y/o servicios reportados en los informes de supervisión, los cuales ascienden a $4.297.509.254, mientras que lo presupuestado, incluidos los recursos de la adición, equivalen a $4.041.757.642 y $17.353.669, sobreejecución por concepto de honorarios + IVA causados por administración de los recursos por parte de Telemedellín como contratista, mandataria del contrato, debido a que en las mencionadas facturaciones, se incluye dicho concepto (honorarios + IVA por administración) presentando una ejecución por $400.596.027, mientras que el valor pactado en el contrato en su totalidad por este concepto, asciende a $383.242.358; tales situaciones dan una diferencia total entre lo facturado por la ejecución y lo pactado en el contrato de $273.105.281.»

Y complementa diciendo que «La situación anteriormente descrita constituye un riesgo para los recursos entregados para su administración a Telemedellín, en razón de la diferencia existente entre los recursos apropiados y comprometidos para el contrato y lo facturado por las actividades, bienes y servicios efectivamente ejecutados, inconsistencias que afectan la adecuada gestión financiera».

Estos hallazgos en su mayoría están orientados a la celebración indebida de contratos sin requisitos de ley, a la no publicación transparente de contratos en SECOP, a la falta de supervisión de contratos, a la falta de controles en los contratos interadministrativos, falta de planeación, al pago de anticipos sin requisitos legales, diferencias entre el valor de las facturas emitidas por los proveedores de los bienes y/o servicios frente a los recibos a satisfacción emitidos por la supervisión y a los pagos efectuados en desarrollo del contrato entre otros. (Deslice el dedo o el mouse sobre el documento para conocer su contenido completo)

Informe Definitivo Afg Mm 2020 by Ifm Noticias on Scribd

El alcalde y sus funcionarios que encabezan las dependencias examinadas, tienen 10 días para subsanar los informes, aclarar o explicar las irregularidades y aplicar un plan de mejoramiento; mientras que algunos hallazgos, podrían pasar a ser investigados por la procuraduría y la fiscalía.

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