CALI. La Zona Franca Palmaseca, una de las principales plataformas de exportación del suroccidente colombiano, se enfrenta a una posible pérdida de su régimen franco si no se renueva su licencia de operación, que vence el próximo 31 de julio. Esta situación pone en riesgo más de siete mil empleos directos e indirectos y compromete inversiones superiores a los 46 mil millones de pesos en el Valle del Cauca.
Directivos de la zona franca han advertido que las condiciones planteadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para adjudicar la administración del régimen franco resultan financieramente inviables. Según Luis Fernando Sardi y Edinson Cerón, miembros de la junta directiva, los términos incluyen incrementos de hasta un 700 % en el canon de arrendamiento y ajustes anuales al IPC más 3 puntos, condiciones que, afirman, no pueden ser asumidas por ningún operador.
Hasta ahora, el Gobierno ha abierto cinco procesos de licitación para adjudicar la administración de Palmaseca, todos declarados desiertos por falta de oferentes. Para el Ministerio, esta situación estaría relacionada con posibles “prácticas anticompetitivas”, planteamiento que fue rechazado por los directivos de Palmaseca, quienes aseguran que han invitado a las 120 zonas francas del país a participar sin éxito, debido a los términos que consideran insostenibles.
La preocupación central de los empresarios radica en el impacto que tendría el cierre de esta plataforma sobre la economía regional. Para Sardi, esta situación significaría un golpe al desarrollo industrial de más de tres décadas en Palmira y en el Valle del Cauca, afectando no solo a empresas de manufactura y logística que operan en la zona, sino también a la competitividad del país en materia de comercio exterior.
El Ministerio ha anunciado la apertura de un sexto proceso de licitación, sin cambios sustanciales en los términos, mientras que desde la zona franca insisten en la necesidad de revisar las condiciones para garantizar la continuidad de las operaciones. Según Cerón, mantener los ajustes al IPC+3 duplicaría los costos de arrendamiento en menos de una década, generando un impacto que, advierte, ningún operador especializado podría asumir.
La Zona Franca Palmaseca recalca que las condiciones impuestas no consideran la realidad económica de Palmira, distinta a la de otras ciudades donde se han logrado renegociaciones. Mientras avanza el proceso, la estabilidad de miles de familias y la continuidad de un motor de exportaciones en el suroccidente del país dependen de las decisiones que adopte el Gobierno en las próximas semanas.
