Presuntas irregularidades en el programa Jóvenes en Paz: Más de $700 millones girados a adultos

La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, denunció presuntas irregularidades en la ejecución del programa «Jóvenes en Paz». Según afirmó, al menos 209 personas de 29 y 30 años habrían recibido transferencias por un total de $740 millones, a pesar de que el decreto 1649 de 2023 establece que los beneficiarios deben tener entre 18 y 28 años.

“Queremos denunciar que el Gobierno le ha girado $740 millones de pesos a adultos entre 29 y 30 años, cuando el decreto establece que los subsidios son para niños entre los 14 y jóvenes hasta 28 años”, declaró Arbeláez.

El artículo 44 del decreto en mención establece los límites de edad para acceder al programa, que entrega hasta un millón de pesos mensuales a jóvenes en riesgo de vinculación a actividades criminales. La denuncia señala que la entrega de recursos a personas fuera del rango etario estipulado podría constituir un incumplimiento de la norma vigente.

La representante también mencionó que 149 extranjeros habrían sido incluidos como beneficiarios, con pagos por $167 millones. Entre ellos, algunos estarían privados de la libertad por delitos menores, según datos extraídos de un anexo del decreto. “Por si fuera poco, 149 extranjeros han recibido más de 167 millones de pesos, algunos seguramente en condición carcelaria por delitos menores”, añadió Arbeláez.

Frente a estas acusaciones, Arbeláez informó que llevará la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que se adelanten las investigaciones correspondientes sobre el manejo de los recursos públicos.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) respondió a las inquietudes planteadas mediante un documento radicado el 17 de febrero de 2025.

Según el DPS, el programa «Jóvenes en Paz» fue creado bajo el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este programa tiene como propósito ofrecer alternativas económicas a jóvenes en riesgo, mediante transferencias monetarias, educación y trabajo comunitario.

De acuerdo con el informe, hasta el 31 de diciembre de 2024 se habían realizado ocho ciclos de pago, dirigidos exclusivamente a beneficiarios certificados por el Ministerio de Igualdad y Equidad. La subdirectora del DPS, María Fernanda Rojas Mantilla, explicó que la metodología de focalización de los beneficiarios está a cargo del Departamento Nacional de Planeación y que la entrega de los subsidios depende del cruce de datos con entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En relación con los criterios de selección, el DPS precisó que la variable de sexo no es requerida para la asignación de recursos. En cuanto a la nacionalidad, la clasificación de beneficiarios se realiza según el tipo de documento presentado, sin especificación detallada de la nacionalidad de los extranjeros.

El programa, que busca prevenir la vinculación de jóvenes a dinámicas delictivas, continuará con las transferencias monetarias programadas mientras avanzan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades señaladas por la representante Arbeláez.

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