Presidente Trump y jueces de EE.UU., chocan por migrantes venezolanos enviados a cárcel en El Salvador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en una confrontación con el poder judicial, esto debido a lo que ha denominado como un bloqueo a sus decisiones ejecutivas, por lo que ha pedido a la Corte Suprema que limite la capacidad de los jueces. 

Específicamente, a través de una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dirigió un mensaje directo al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, exigiendo que ponga fin a lo que calificó como una «situación tóxica y sin precedentes».

El conflicto se originó a raíz de la reciente orden del juez federal James Boasberg, quien suspendió temporalmente la deportación de migrantes venezolanos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa rara vez utilizada, pero que la administración Trump activó para justificar la expulsión de presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua. Sin embargo, a pesar de la orden judicial, algunos vuelos con deportados llegaron a El Salvador, lo que llevó al magistrado a exigir explicaciones al gobierno.

Trump criticó duramente la decisión de Boasberg y acusó a ciertos jueces de intentar asumir poderes presidenciales sin respaldo electoral. Además, calificó al juez de “lunático de la izquierda radical” y sugirió que debería ser destituido, lo que provocó una respuesta inmediata de John Roberts. El Presidente de la Corte Suprema reafirmó que la destitución no es un mecanismo válido para expresar desacuerdo con una decisión judicial, recordando que el debido proceso de apelación es el camino correcto para impugnar fallos.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt respaldó la postura del mandatario y acusó a Boasberg de actuar como un juez activista que busca usurpar la autoridad del mandatario. Según la administración Trump, la medida cautelar del juez Boasberg se cumplió en el momento en que quedó formalmente establecida por escrito, aunque el magistrado insiste en obtener más detalles sobre los vuelos que transportaron a los deportados.

Ante la presión judicial, el gobierno estadounidense ha planteado la posibilidad de invocar el principio de secreto de Estado para justificar su proceder. No obstante, Boasberg ha solicitado una declaración jurada de un funcionario de alto nivel involucrado en las decisiones del gabinete sobre el tema, con el fin de determinar si se incurrió en un desacato a la orden judicial.

Este nuevo episodio se suma a otros choques entre Trump y el poder judicial, como la reciente suspensión de la prohibición de tropas transgénero en el ejército.

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