El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, se pronunció sobre la relación entre el alto tribunal y el presidente Gustavo Petro, advirtiendo que desde el Ejecutivo se mantiene una postura de descalificación hacia las decisiones judiciales.
En declaraciones entregadas en medio del debate jurídico que se ha intensificado tras la transmisión del Consejo de Ministros como alocución presidencial, Álvarez afirmó: “El Presidente tiene un ejercicio que descalifica a la Rama Judicial permanentemente, nosotros estamos diciendo que los jueces estamos para defender la Constitución y la Ley”.
Según el Magistrado, el Consejo de Estado actúa bajo criterios jurídicos y no políticos, y las decisiones que emite no responden a intereses partidistas. “No hay una agenda política de ninguna naturaleza ni un ataque al gobierno, porque es lo que menos le asiste a la Rama Judicial”, recalcó.
La crítica principal del Consejo de Estado se centra en la reciente decisión del Presidente de transmitir un Consejo de Ministros como si se tratara de una alocución presidencial. El Magistrado explicó que esta figura está reservada para situaciones urgentes, inminentes y necesarias, elementos que, según el tribunal, no estaban presentes en dicha transmisión.
Álvarez recordó que el Consejo de Ministros es una instancia de deliberación política interna del Gobierno y no un mecanismo para dirigirse al país como ocurre en una alocución presidencial. Añadió que será el juez correspondiente quien deba evaluar si hubo o no desacato al fallo de tutela que restringía ese tipo de transmisiones.
“El propio juez, si se plantea una solicitud en esa materia, podrá decidir y puede llegar a concluir si se desatendió la tutela, y en ese orden, proceder a lo que el estatuto señala: hay unas consecuencias jurídicas que están dadas, son de tipo pecuniario y, en el peor de los casos, un arresto de la autoridad”, detalló.
La disputa entre el Consejo de Estado y el presidente Petro también incluye otros puntos de fricción, como el cumplimiento de rectificaciones judiciales ordenadas por publicaciones en su cuenta de X, lo que ha generado nuevas tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial.
