Presidente de la Corte Constitucional instó a respetar el orden constitucional y rechazó llamados a la confrontación

Desde Cartagena, durante el desarrollo del encuentro “Diálogos Constitucionales”, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, hizo un llamado a todas las fuerzas institucionales y políticas del país para mantener el respeto por el orden constitucional, en medio de la tensión política generada tras el archivo de la propuesta de consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional.

El alto magistrado advirtió sobre los riesgos que conllevan los discursos que alientan la confrontación o que desconocen la estructura jurídica del Estado.

“Todos tenemos que garantizar y defender el orden constitucional en calma, con tranquilidad, con llamados a la concordia, a la paz, y no llamados a utilizar otro tipo de estructuras u otros discursos que afecten la estabilidad institucional, el orden público o que nos generen confrontaciones de ninguna naturaleza”, señaló.

Ibáñez recordó que el país ha superado etapas históricas de conflicto y que no se debe incurrir nuevamente en narrativas que inviten a la división o al enfrentamiento. “No estamos para llamar a la guerra; estamos llamando a la paz, a la tranquilidad, al respeto y al orden constitucional”, agregó.

Al ser consultado sobre las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que se convocó a la ciudadanía a votar un paro nacional desde las plazas municipales, el magistrado indicó que, sin entrar a valorar directamente los pronunciamientos del Ejecutivo, el papel de la Corte es el de velar por el cumplimiento del marco constitucional.

“Yo respeto el llamado del Gobierno y prefiero no meterme en esa observación. Lo que digo, como guardián de la Constitución, es que debemos garantizar el orden constitucional dentro de un marco de paz, armonía y tranquilidad”, enfatizó.

Además del llamado institucional, Ibáñez se refirió a la crisis del sistema penitenciario, luego de la entrada en vigor de la Ley 2346, la cual asigna a alcaldías y gobernaciones la responsabilidad del suministro de alimentos a los privados de la libertad sin haber trasladado los recursos correspondientes.

En este sentido, el magistrado informó que la Corte Constitucional ha convocado a una mesa de trabajo el próximo 19 de mayo, con la participación del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de las entidades territoriales.

“Se han transferido unas competencias a las entidades del orden territorial, pero no se han transferido los recursos para cumplirlas. Para esos efectos, revisando el tema, hemos citado una mesa de trabajo que impida afectar los derechos de la población privada de la libertad”, precisó.

El evento, que reunió a representantes de instituciones académicas y autoridades locales, forma parte de la agenda académica de la Corte Constitucional para promover el diálogo entre los actores del Estado y reflexionar sobre el respeto a los principios que rigen el orden democrático en Colombia.

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