El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, puso en la mira a la Registraduría tras cuestionar el proceso de licitación de un contrato por 41.000 millones de pesos para los comicios de juntas administradoras locales.
La empresa Thomas Greg & Sons, la única oferente, parece estar encaminada a ganar el contrato, lo que ha generado fuertes críticas desde la Casa de Nariño.
El secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, manifestó sus preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y falta de objetividad en el proceso.
En declaraciones recientes advirtió que el Gobierno podría tomar acciones legales si la licitación se adjudica a la mencionada empresa.
«Estamos esperando las respuestas del registrador. Dependiendo de ellas, podríamos actuar con una denuncia penal por delitos contra la administración del Estado, como interés indebido en la celebración de contratos», afirmó Idarraga.
El sindicato de la Registraduría, Sintrareginal, se pronunció señalando que estas acciones del Gobierno podrían interpretarse como una intromisión en la independencia de la entidad electoral.
Sin embargo, el proceso sigue adelante y se espera que este jueves se cierre la adjudicación para la logística de las elecciones en más de 40 municipios, previstas para el 17 de noviembre.
Cabe recordar que Thomas Greg & Sons ha sido blanco de críticas desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo, y el secretario Idarraga dejó claro que el Gobierno supuestamente mantendrá una estricta vigilancia sobre los procesos licitatorios, especialmente los relacionados con las elecciones de 2026, donde la empresa podría estar nuevamente involucrada.
