Senado dio luz verde en segundo debate a reforma que redefine la financiación de universidades públicas

El Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el propósito de modificar la fórmula de financiación de las universidades públicas.

La iniciativa, respaldada por sectores independientes y el Gobierno, continuará su trámite en la Cámara de Representantes, donde tendrá que superar otros dos debates para convertirse en ley.

El proyecto busca que los incrementos anuales en los recursos asignados a las universidades se calculen con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), elaborado por el Dane, y no en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), como ocurre actualmente.

El cambio responde al desfase que, según el Sistema Universitario Estatal (SUE), se presenta entre el aumento real de los gastos operativos de estas instituciones y el ajuste que les hace el Estado con base en la inflación general.

De acuerdo con los cálculos del SUE, los costos de funcionamiento de las universidades públicas crecen, en promedio, 5 puntos porcentuales por encima del IPC cada año. En 2024, por ejemplo, mientras la inflación cerró en 5,2%, el Ices mostró una variación de 18,32% en el primer semestre y de 9,58% en el segundo.

Este desbalance ha generado un déficit que el SUE estima en 17 billones de pesos, una cifra similar a la que se recaudaría con una reforma tributaria.

Durante la plenaria, el senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, informó que la comisión accidental conformada para analizar la viabilidad de la reforma recibió 15 proposiciones, incorporando aportes de distintas bancadas y del Ministerio de Hacienda. “En el mediano plazo existe el espacio fiscal suficiente para financiar lo que se propone”, aseguró el congresista.

En la misma línea, la representante Jennifer Pedraza señaló que el ajuste busca corregir un desfase estructural: “Las universidades requieren que su presupuesto crezca al ritmo de sus costos reales, medidos por el Ices, y no al ritmo de la inflación general, medida por el IPC. Esa diferencia es la que hoy se traduce en déficit y afecta la calidad educativa”.

Además, el proyecto modifica el artículo 87 de la Ley 30 para que los aportes adicionales de la Nación crezcan en al menos el 70 % del incremento real del PIB, frente al 30 % que establece la norma vigente. Según sus defensores, esto garantizaría un financiamiento más acorde con el comportamiento económico nacional.

La aprobación fue celebrada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien destacó que la decisión del Senado representa un paso hacia el cierre de la brecha presupuestal en las universidades públicas.

Sin embargo, voces como la de la senadora Paloma Valencia expresaron reparos sobre el impacto fiscal de la iniciativa, advirtiendo que el país debe establecer reglas claras para asegurar que los compromisos puedan cumplirse sin afectar la estabilidad financiera del Estado. El trámite continuará en la Cámara de Representantes.