Gobierno y banca anunciaron plan de alivios y nuevos créditos para zonas afectadas por lluvias

El Gobierno nacional y el sector financiero anunciaron un acuerdo para poner en marcha un programa orientado a ofrecer alivios financieros y facilitar el acceso a créditos en regiones afectadas por la actual temporada de lluvias.

La iniciativa, denominada Abrigo, fue presentada como una alianza entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

El programa, cuyo nombre corresponde a Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades, fue dado a conocer el pasado 9 de marzo de 2026. La estrategia busca dirigir medidas de apoyo financiero hacia territorios que han registrado afectaciones por las precipitaciones, con acciones enfocadas tanto en alivios para deudores como en nuevas oportunidades de financiamiento.

Las medidas se aplicarán inicialmente en ocho departamentos que han reportado impactos por la temporada invernal: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. En estas zonas se implementarán mecanismos destinados a atender la situación financiera de personas y empresas que han resultado afectadas por las lluvias.

El programa contempla dos líneas principales de acción. La primera corresponde a un conjunto de alivios financieros dirigidos a deudores que cumplan con los requisitos establecidos. Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de acceder a periodos de gracia de hasta 12 meses en obligaciones crediticias, durante los cuales no se causarán intereses sobre las deudas.

Dentro de ese mismo esquema también se contempla la conservación de la calificación crediticia de los usuarios beneficiados y la no generación de reportes negativos en centrales de riesgo durante el periodo de aplicación de los alivios.

Asimismo, se prevé la suspensión de procesos de cobro ejecutivo y prejudicial, así como la no ejecución de garantías respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías y el Fondo Agropecuario de Garantías.

Para acceder a estas medidas se requerirá que exista una declaratoria oficial de desastre en las zonas afectadas, que las personas o empresas estén registradas en el Registro Único de Damnificados y que la Superintendencia Financiera emita la circular correspondiente que permita activar las disposiciones dentro del sistema bancario.

El segundo eje del programa está orientado a impulsar la actividad económica mediante la entrega de nuevos créditos. Para 2026 se proyecta que el sistema financiero otorgue alrededor de 2,1 millones de créditos, lo que representaría cerca de 270.000 operaciones adicionales frente a las registradas durante 2025.

Según las proyecciones presentadas durante el anuncio, el volumen total de financiación podría alcanzar cerca de 40 billones de pesos. Los recursos se distribuirán en diferentes modalidades de crédito, entre ellas financiamiento productivo, comercial, de vivienda y de consumo, con excepción de las tarjetas de crédito personales y préstamos dirigidos al propio sector financiero.

Dentro de la estrategia también se contemplan incentivos públicos para facilitar el acceso al financiamiento. Entre ellos se encuentra una línea especial de garantías del Fondo Nacional de Garantías con un compromiso inicial cercano a 210.000 millones de pesos, que podría ampliarse según disponibilidad presupuestal. Además, se habilitará una línea de redescuento de 150.000 millones de pesos a través de Bancóldex.

El plan también incluye una modalidad de créditos asociativos destinada a proyectos productivos colectivos. Estos procesos contarán con acompañamiento de entidades como la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras, mientras que las entidades financieras definirán los mecanismos de evaluación para facilitar su financiación.

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