Una nueva polémica hizo que aparentemente el Gobierno comunista de Gustavo Petro reculara en su pretensión de apoyar la iniciativa de dos ONG de crear una comisión internacional contra la impunidad en Colombia, cuyo objetivo es juzgar los grandes casos de corrupción y a importantes aforados como expresidentes.
Se trata de una iniciativa que presentó este jueves el Instituto Anticorrupción y la Fundación Paz y Reconciliación, quienes surgieron del seguimiento a las lecciones adquiridas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que auspició Naciones Unidas. De hecho, vale recordar que el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, dirigió dicha organización guatemalteca.
Sin embargo, la iniciativa, que al parecer apoyaba el Gobierno nacional, habría terminado desechada por los diferentes cuestionamientos de líderes políticos y judiciales de Colombia.
Por ejemplo, el fiscal Francisco Barbosa y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se opusieron abiertamente a dicha iniciativa que, como se indicó más arriba, busca juzgar grandes casos de corrupción en Colombia.
¿Qué clase de justicia opera hoy en Colombia?
Qué implica la creación de una comisión internacional anticorrupción
La propuesta sugiere que en la Corte Suprema de Justicia se cree una sala adicional y transitoria que algunos llamaron «paralela» para hacer un juicio nacional anticorrupción. La cuestión, que debería tener el aval de Naciones Unidas, produciría reformas constitucionales que debería aprobar el Congreso de la República.
«Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. La justicia colombiana merece respeto y la Corte Suprema de Justicia merece respeto. Nadie puede venir aquí porque se le ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción, como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción», rechazó enfáticamente el fiscal Barbosa la propuesta, recordando que en su administración ha logrado 2 800 sentencias condenatorias por casos de corrupción en el país.
Barbosa también invitó al Congreso para que ni siquiera considera dicha propuesta ya que, según su visión, «no se puede permitir que se acabe la justicia en Colombia con esas acciones malintencionadas de convertirnos a nosotros en países centroamericanos donde han tenido comisiones anticorrupción y extranjeros que vienen a manipular expedientes y a decirnos que no hemos podido conseguir la justicia en Colombia decentemente en los últimos 200 años».
Según Barbosa, Gustavo Petro le expresó personalmente que esta iniciativa no es una opción para su Gobierno, por lo que sería un tema descartado por ahora: «El presidente me manifestó que no es una opción, entonces no sé por qué aparecen unos funcionarios que se sienten presidentes de la República. Aquí no puede haber más funcionarios que quieran usurpar las funciones del presidente».
Desde el Gobierno también rechazaron la propuesta
La segunda voz de rechazo en contra de la comisión internacional contra la impunidad salió del mismo Gobierno petrista, a través del ministro de Justicia, Néstor Osuna quien, a través de Twitter, escribió: «Una sala transitoria (enorme pero provisional) en la Corte Suprema acarrearía el riesgo de desarticular su funcionamiento, enredar sus procedimientos y garantías vigente y debilitar las investigaciones y procesos en curso». Y explicó que si se surtieran los proceso para hacer realidad la iniciativa, pasarían como mínimo unos tres años, por lo que es algo inútil.
Sobre el Instituto Anticorrupción, en su página web se lee que es una organización «sin ánimo de lucro fundada en el año 2018 que tiene como objeto la detección, investigación y análisis de las causas y efectos de la corrupción, violaciones a la ética, el abuso de poder y la falta de transparencia…», entre otros aspectos.
La Junta Directiva de este Instituto está conformada por el Economista de la Universidad de los Andes, Juan Felipe Bedoya (desde marzo de 2022); la Politóloga de la Universidad Javeriana, Daniela Gómez; y el Economista de la Universidad de Los Andes, Rubén Avendaño.
Como director del equipo aparece Michel Levien González, abogado del Tecnológico de Monterrey y quien ha desempeñado importantes cargos en México. Desde 2020 participa en el comité redactor del estatuto para la Corte Internacional Anticorrupción que ya cuenta con el apoyo de unos 40 premios Nobel, según cuenta la ONG.
