La Procuraduría General de la Nación decidió llevar a juicio a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), eliminando así la posibilidad de que ambos colaboren con la justicia en el caso de corrupción que involucra a la entidad.
La decisión implica que no podrán actuar como testigos contra otros presuntos implicados, entre ellos los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Según se sabe, López y Pinilla habrían mostrado su disposición para colaborar y aceptar los cargos imputados. Sin embargo, los reiterados aplazamientos para entregar sus confesiones y su solicitud de garantías legales bajo un principio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía generaron la determinación del Ministerio Público de avanzar con el juicio.
Los exfuncionarios habían argumentado que no podían autoincriminarse sin garantías legales, como un principio de oportunidad que les ofreció la Fiscalía. Sin embargo, al no avanzar en su colaboración, la Procuraduría cerró las puertas a cualquier beneficio disciplinario para ambos.
Con esta medida, los exfuncionarios no podrán acceder a beneficios, como una posible reducción de sanciones. Además, la Procuraduría concluyó que los sobrecostos asociados al escándalo de los carrotanques eran mayores de lo calculado inicialmente, lo que podría derivar en multas más altas.
El caso ha generado controversia, ya que la exclusión de López y Pinilla como testigos limitaría la recolección de testimonios contra otros involucrados en el caso Ungrd. Según el abogado de López, José Moreno, esta decisión podría estar motivada por intereses políticos y dificultar la identificación de los principales responsables.
El abogado además, calificó como un acto que no solo viola derechos fundamentales, sino que también entorpece el acceso a la verdad en uno de los mayores casos de corrupción de los últimos años.
Moreno denunció que, al rechazar la reprogramación de la diligencia solicitada por López, la Procuraduría no solo negó el derecho a la confesión y el debido proceso, sino que silenció deliberadamente a un testigo clave, privando al país de conocer las conexiones ocultas tras el escándalo de la UNGRD.
“La Procuraduría parece más interesada en sancionar a quienes colaboran que en perseguir a los responsables de mayor relevancia”, declaró Moreno, quien señaló que se estarían protegiendo figuras clave involucradas en el caso.
Ante esta decisión, los abogados de López y Pinilla evalúan interponer una tutela para garantizar el derecho al debido proceso y la defensa de sus clientes. Entretanto, el juicio disciplinario contra los exfuncionarios avanzará en los próximos días.
