El Consejo de Estado ha admitido una acción de tutela presentada por Enrique Vargas Lleras, quien acusa al presidente Gustavo Petro de vulnerar sus derechos al buen nombre y la honra.
El caso se origina a raíz de unas declaraciones realizadas por el mandatario en su cuenta de X, en las que relacionó a la familia Vargas Lleras con presuntas irregularidades en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El pasado 8 de octubre, el presidente Petro publicó en su cuenta de X: “Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización de la justicia, sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública”.
Según Enrique Vargas Lleras, estas afirmaciones carecen de fundamento y atentan contra su reputación y la de su familia. El demandante argumenta que el mandatario lo acusó sin pruebas de haber influido en los sorteos para la escogencia de árbitros en dicho centro de arbitraje, y de beneficiar supuestamente a su hermano, Germán Vargas Lleras, quien habría recibido pagos millonarios por participar en tribunales arbitrales relacionados con el Estado.
Las pretensiones de la tutela
Enrique Vargas Lleras solicita que el Consejo de Estado:
- Proteja sus derechos fundamentales al buen nombre y la honra.
- Ordene al presidente Petro retractarse públicamente de las afirmaciones realizadas en las mismas condiciones y medios en los que fueron difundidas.
Este no es el primer enfrentamiento judicial entre los Vargas Lleras y el presidente Petro. Hace tres meses, Germán Vargas Lleras interpuso otra acción de tutela contra el mandatario por declaraciones en las que lo señalaba de irregularidades relacionadas con un desfalco en el sistema de salud, específicamente en las EPS.
El proceso en curso
El Consejo de Estado notificó al presidente Petro de la admisión de la tutela a través de Laura Sarabia, Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Ahora, el tribunal deberá decidir si ordena la retractación del mandatario, como ya ocurrió en un caso anterior relacionado con acusaciones contra otro empresario.
La resolución de este caso será clave para definir el alcance de las manifestaciones públicas del presidente en plataformas digitales y su responsabilidad frente a posibles afectaciones al buen nombre de terceros.
