El presidente Gustavo Petro se refirió públicamente a la controversia que ha envuelto a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cual ha generado atención mediática debido a la vinculación de Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama, Verónica Alcocer, en un caso relacionado con sanciones por prácticas restrictivas de competencia.
A través de un mensaje en X, Petro defendió la postura de la SIC y negó las versiones difundidas en los medios sobre las renuncias de dos delegados de la entidad.
La polémica comenzó con la dimisión de dos funcionarios de la SIC, Alexander Sánchez y Grenfieth de Jesús Sierra, quienes renunciaron alegando desacuerdo con el manejo del caso Merlano Alcocer, quien solicitó la revocación de una sanción impuesta en 2012 por prácticas de competencia cuando era miembro de la junta directiva del Acueducto de Bogotá.
Esta sanción, que asciende a 240 millones de pesos, fue considerada injusta por Merlano, quien argumenta violaciones al debido proceso.
En su pronunciamiento, Petro desmintió las versiones de la periodista Diana Giraldo, quien afirmó que la superintendente Cielo Rusinque había presionado a los funcionarios para que renunciaran debido a su negativa a favorecer a Merlano.
Según Petro, los funcionarios no renunciaron por las razones que se mencionan, sino que les fue solicitada la renuncia. También aclaró que no tiene sanciones pendientes con la SIC y destacó que la sanción contra Merlano ha estado suspendida por un fallo de primera instancia desde hace una década.
El Presidente aprovechó para referirse a lo que considera un uso político de la SIC, acusando a sectores ligados al expresidente Germán Vargas Lleras de haber utilizado la entidad para represaliar decisiones tomadas durante su mandato como alcalde de Bogotá. Según Petro, la multa que la SIC impuso a la Empresa de Acueducto de Bogotá durante su administración fue un acto de represalia por la terminación de un contrato relacionado con los intereses de Vargas Lleras.
Por su parte, la SIC emitió un comunicado rechazando las versiones que vinculan las renuncias de los delegados con presiones indebidas y aclaró que la entidad no tiene facultades para revocar sanciones de manera unilateral, ya que estas están sujetas a un control judicial. En el comunicado, la SIC reiteró su compromiso con la legalidad y desestimó las acusaciones de retaliación administrativa.
En cuanto a Merlano Alcocer, este aseguró que nadie le ha ofrecido el cargo de presidente de Ecopetrol y que por el momento está cómodo con su actual posición como asesor en la gestión de conflictos.
Aclaró que la multa en su contra está suspendida desde hace varios años y explicó que su solicitud ante la SIC para levantar un embargo relacionado con la sanción aún no ha sido resuelta. Además, subrayó que ha luchado durante una década contra esta decisión, que ya fue cuestionada en un fallo de primera instancia por no ajustarse a la ley.
La controversia sobre la SIC continúa, y se mantiene el interrogante sobre el futuro de Merlano Alcocer y su eventual ascenso a cargos relevantes en el sector público, como la presidencia de Ecopetrol. Sin embargo, el empresario aclaró que no está buscando ese cargo en este momento.
