El presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones para el jueves 19 de febrero en plazas públicas del país luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026.
El mandatario confirmó duranrte la alocución realizada el pasado domingo 15 de febrero que participará en las concentraciones y señaló que defenderá el incremento en escenarios públicos y judiciales.
La suspensión provisional ordenada por el tribunal exige la expedición de un nuevo acto administrativo que incorpore parámetros legales relacionados con productividad e inflación. Según lo dispuesto por la autoridad judicial, el Gobierno cuenta con un plazo de ocho días para emitir un decreto transitorio mientras continúa el proceso de revisión. El incremento suspendido establecía una variación cercana al 23%.
Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado reiteró que el salario mínimo en Colombia debe garantizar un ingreso vital y móvil, en coherencia con la productividad y el costo de vida. “Tenemos razones técnicas, económicas y constitucionales de sobra”, afirmó, al insistir en que el Ejecutivo actuó dentro del marco legal vigente.
Para Petro y sectores de la izquierda, la suspensión de este decreto representa un retroceso en las políticas sociales que han promovido durante su administración. En comunicaciones oficiales, el Presidente y otros líderes del oficialismo han defendido la medida como una forma de garantizar un ingreso que permita cubrir la canasta básica familiar, tal como lo establece la Constitución. Mientras representantes empresariales solicitaron un análisis técnico detallado sobre el impacto fiscal y productivo.
El Ejecutivo indicó que trabajará en la elaboración del nuevo documento en coordinación con la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Para ese fin, el Ministerio del Trabajo programó una reunión el 16 de febrero con representantes de trabajadores y empleadores. Desde la Presidencia se extendió la invitación al sector empresarial para participar en la mesa técnica y presentar propuestas.
Las movilizaciones han sido promovidas por organizaciones sociales y sectores políticos que respaldan la defensa del denominado salario vital. Voceros cercanos al Gobierno manifestaron que acompañarán la jornada en plazas públicas de capitales y municipios. Comunicados oficiales señalaron que la defensa del incremento se realizará tanto en instancias judiciales como en escenarios de manifestación ciudadana.
La decisión del Consejo de Estado generó pronunciamientos de representantes empresariales y dirigentes políticos de oposición, quienes pidieron que cualquier modificación salarial cumpla criterios definidos por la legislación laboral.
Algunos gremios indicaron que el ajuste debe evaluarse en función de variables económicas y productivas. Mientras tanto, el Gobierno mantiene la convocatoria a la movilización y a la mesa de concertación como parte del trámite administrativo derivado de la suspensión provisional.
