Paloma Valencia denunció presuntas irregularidades en contrato de la Unidad para las Víctimas por $112.455 millones

La candidata Paloma Valencia denunció presuntas irregularidades en un contrato suscrito por la Unidad para las Víctimas el pasado 17 de enero, por un valor de 112.455 millones de pesos, el cual fue adjudicado mediante contratación directa a través de un contrato interadministrativo.

Según la denuncia, la Unidad habría utilizado esta figura contractual para evitar un proceso de licitación pública, lo que impidió la participación de empresas privadas que, según Valencia, podrían haber presentado mejores precios y mayores capacidades. El contrato fue firmado con la Corporación Colombia Digital, una entidad enfocada en la prestación de servicios tecnológicos y que, de acuerdo con la denuncia, no cuenta con habilitación legal para ofrecer servicios jurídicos.

Pese a ello, el contrato establece la atención de requerimientos judiciales como tutelas, acciones de cumplimiento, procesos de restitución de tierras y asuntos relacionados con la justicia transicional. El documento fija como meta la atención de 12.505 requerimientos para el año 2026. De acuerdo con lo señalado por Valencia, la propia Unidad para las Víctimas reconoció en sus estudios previos que el contratista no se especializa en servicios legales ni cuenta con la habilitación correspondiente en la Cámara de Comercio ni en el Registro Único de Proponentes.

La candidata también indicó que el proceso de contratación limitó la participación de posibles oferentes. Según su denuncia, solo se presentaron tres ofertas: dos de empresas tecnológicas que no tendrían capacidad jurídica para ejecutar el objeto del contrato y una de una persona natural que no cumplía con los requisitos establecidos.

A través de su cuenta en la red social X, Valencia se refirió nuevamente al caso y afirmó: “ATENCIÓN. El 17 de enero la Unidad de Víctimas firmó un contrato por $112.455 millones mediante contratación directa (a dedo) con otra entidad pública para prestar, entre otros, el servicio de asesoría jurídica, a pesar que no estaría habilitada para hacerlo. Además, la Unidad no permitió que empresas privadas ofertaran. Suscribió un contrato interadministrativo para evadir la licitación bajo el pretexto de contratar empresas públicas, sin importar si los privados podían ofrecer un mejor precio”.

Para la candidata, este caso refleja el uso reiterado de los contratos interadministrativos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro para realizar contrataciones directas, limitar la competencia y aumentar los costos de los servicios. “Este desastre lo vamos a detener”, concluyó.