(OPINIÓN) ¿Y ahora quién responde? Por: Bernardo Henao Jaramillo

La Corte Constitucional, como dadas las evidencias se había anticipado podía ocurrir, acaba de “tumbar” la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional el pasado mes de diciembre y con esa decisión se demuestra y confirma que en su expedición no hubo seriedad, no hubo rigor constitucional y no hubo responsabilidad en la forma en que el Ejecutivo decidió actuar. Lo que hubo fue gran ligereza. Y no una agilidad cualquiera, sino una presteza peligrosa, de esas que terminan comprometiendo al Estado entero. La decisión recayó sobre el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y por todos sus ministros.

Y aquí aparece la pregunta que de verdad importa: ¿Quién responde por esta actuación? El artículo 215 de la Constitución no deja espacio para la improvisación ni para el cuento de siempre de la persecución política. La Carta dice con toda claridad que el Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren el estado de emergencia sin haberse presentado las circunstancias que la Constitución exige. Es decir, la responsabilidad no es una fantasía de la oposición ni una exageración periodística. Está atribuida en la propia Constitución.

Entonces, no estamos ante un simple revés judicial. Enfrentamos un Gobierno que volvió, como reiteradamente viene haciéndolo, a hacer las cosas mal, a actuar atropelladamente, sin ninguna planeación, y que volvió a creer que la Constitución era un estorbo y no un límite. Olvidó que el decreto de una emergencia económica no es un juguete político, ni un recurso para salir del paso, ni un distractor, ni un salvavidas para corregir a última hora errores de manejo fiscal o materializar derrotas legislativas. Es una herramienta excepcional, extrema, restrictiva. Y precisamente por eso exige un cuidado jurídico absoluto. Pero este Gobierno actúa como si decretar fuera gobernar.

Lo más grave es que la irresponsabilidad no se quedó en el decreto declaratorio. Al amparo de esa emergencia el Gobierno expidió el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, con medidas tributarias extraordinarias para 2026 y con una expectativa de recaudo de 11 billones de pesos. Es decir, no fue un error retórico ni una torpeza inofensiva. Fue una decisión con efectos concretos sobre el bolsillo de los colombianos. Se expidieron decretos, se crearon cargas, se alteró el panorama tributario y se pretendió hacer pasar todo eso por legítimo bajo el paraguas de una emergencia inconstitucional, por lo que ahora se desploma.

Y ahí el interrogante se vuelve todavía más incómodo: ¿También van a mirar para otro lado frente a los efectos de esos decretos? Porque si cae la emergencia, queda herido de muerte todo lo que nació a su sombra. Y si bajo ese soporte inconstitucional se cobraron tributos, entonces el pueblo tiene derecho a conocer si esos valores serán devueltos o compensados.  No porque se quiera armar escándalo, sino porque así funciona un Estado de derecho. La DIAN prevé la devolución o compensación de los pagos de lo no debido, y establece que esas solicitudes pueden formularse dentro de los cinco años siguientes al pago. ¿Esa premisa se aplicará a los dineros recibidos por cuenta del decreto declarado inexequible?

De manera que el asunto ya no es solo político. También es fiscal y patrimonial. Porque si el Estado termina enfrentando devoluciones, compensaciones o litigios por haber cobrado al amparo de una emergencia cuya inconstitucionalidad era evidente, entonces los funcionarios que impulsaron la medida deben responder por semejante desorden. ¿O es que aquí la regla va a seguir siendo la misma? El Gobierno improvisa, expide decretos chapuceros, intenta meter impuestos por la puerta excepcional, pierde en la Corte y luego es imposible que no pase absolutamente nada. Ya vendrá la decisión sobre la segunda emergencia económica decretada en febrero de este año que creo el impuesto al patrimonio y lo que es peor, a raíz de esta decisión de la Corte se anuncia una tercera emergencia económica.

Eso sería gravísimo. Porque entonces el mensaje para el país sería que en Colombia un gobierno puede jugar con los estados de excepción, afectar la seguridad jurídica, meterle mano al bolsillo a la gente y comprometer recursos públicos sin que exista consecuencia alguna para los funcionarios responsables. Y eso no sería ya solo una falla de este Gobierno. Sería una degradación institucional mucho más profunda.

No, aquí no se trata de perseguir a Petro, como probablemente él lo denote en su cuenta X para victimizarse, promover una nueva minga y en vez de reconocer su culpa escudarse en el pueblo. Se trata de exigir que cumpla el juramento de acatar y respetar la Constitución. Que el Gobierno deje de actuar con fanatismo, con afán y con desprecio por la técnica jurídica. Que se rodee en la terminación de su mandato de personas capaces y honestas, que entiendan que el poder tiene límites. Y se trata, sobre todo, de formular una pregunta que no puede quedar en el aire después de este fallo: ¿Si la Constitución dice que el Presidente y sus ministros serán responsables por declarar indebidamente una emergencia, entonces ¿Cómo van a responderle al país por esta cadena de improvisaciones y equivocaciones graves?

La respuesta no puede ser ninguna. De llegar a serlo, entonces quedará confirmado lo peor: que en Colombia no solo se gobierna con ligereza, sino también con absoluta impunidad.

Viene al caso las frases de Montesquieu “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie” y “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder”.