(OPINIÓN) La Fiscalía: ¿ineptitud sistémica o cálculo deliberado?

Lo que debería ser el baluarte de la investigación criminal y la garantía de justicia en Colombia, se ha transformado en un escenario de errores procesales que rozan lo inverosímil. Resulta indignante que un ente con semejante presupuesto y responsabilidad institucional presente fallas tan elementales que terminan por pavimentar el camino hacia la impunidad. No estamos ante simples descuidos administrativos, sino ante una erosión sistemática de la confianza ciudadana en la persecución del delito.

El caso del exministro Ricardo Bonilla es un monumento a la desidia técnica. Que un Tribunal Superior deba otorgar la libertad a un procesado porque el fiscal encargado intentó radicar el escrito de acusación justo cuando ya vencían los términos, es una bofetada a los colombianos. Este "error" de cronómetro no es una casualidad aislada; es un patrón donde la justicia parece correr a paso de tortuga cuando los implicados ostentan poder político o económico, permitiendo que el tiempo —ese aliado silencioso de la impunidad haga el trabajo sucio que la ley debería impedir.

A esta cadena de desatinos se suma el bochornoso episodio de la fiscal Luz Adriana Camargo y la suspensión de órdenes de captura para cabecillas en el Valle de Aburrá. Alegar desconocimiento sobre la situación jurídica de criminales de alto perfil quienes ya estaban condenados y tras las rejas es una confesión de negligencia absoluta o de una desconexión total con la realidad carcelaria del país. ¿Cómo es posible que la jefa del ente acusador firme resolución sin un cheque básico de antecedentes? La rectificación posterior no borra la sensación de que la Fiscalía opera a ciegas o bajo presiones que no se atreve a explicar.

La lista de "salidas en falso" crece con ejemplos como las imputaciones fallidas en casos de corrupción transnacional o las pifias en la recolección de pruebas que terminan por invalidar procesos enteros. Constantemente vemos cómo capturas mediáticas se caen en audiencias de control de garantías por errores de forma o violaciones al debido proceso cometidas por los mismos fiscales. Mientras el ciudadano de a pie sufre el rigor de la ley, los grandes criminales y los "peces gordos" de la política se encuentran en la ineptitud de la Fiscalía su mejor estrategia de defensa.

Es imperativo preguntar: ¿Quién vigila realmente a los vigilantes? Aunque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la propia Auditoría General tienen funciones de control, sus sanciones suelen ser invisibles o llegan años después de que el daño ya es irreversible. El sistema de pesos y contrapesos parece insuficiente cuando el error se vuelve la norma dentro del búnker. La falta de una auditoría rigurosa y de consecuencias reales para los funcionarios que fallan en sus tareas fundamentales ha creado un ambiente de permisividad donde nadie responde por los expedientes que se hunden en el olvido.

La recurrencia de estos errores en casos que involucran a personajes públicos sugiere una selectividad sospechosa. No es extraño que el país se pregunte si estas equivocaciones son, en realidad, una herramienta de favoritismo político o una incapacidad estructural para enfrentar al poder. Cuando la Fiscalía falla "por error" en un caso de alto impacto, lo que realmente se está rompiendo es el contrato social. La justicia deja de ser un derecho para convertirse en una moneda de cambio sujeta a la eficiencia o ineficiencia de un fiscal de turno.

Colombia no puede seguir normalizando la mediocridad judicial. Es hora de exigir una reforma que no solo cambie nombres en la cúpula, sino que establezca protocolos de rendición de cuentas drásticas. La Fiscalía General de la Nación debe recordar que su función primordial es acusar con rigor y reparar a las víctimas, no servir de puente para que los victimarios eludan sus responsabilidades por tecnicismos evitables. El silencio de los órganos de control ante esta debacle institucional nos hace cómplices de una justicia que, de tanto equivocarse, ha dejado de serlo.