El rechazo popular al 19 de abril como “día cívico”, último invento bufón e ilegal del presidente Gustavo Petro, muestra que la dignidad de un pueblo es alta si la memoria de éste es diáfana.
Petro intentó burlarse de todo el mundo, pero fracasó hasta en eso. Quería que el país honrara, por despiste, la creación de una banda criminal que se convirtió en uno de los verdugos más sangrientos de Colombia y del continente. Uno de sus ministros, Luis Fernando Velasco, se ocupó de ocultar el motivo. En tono idílico dijo que el “día cívico” era para “generar un espacio de reflexión nacional sobre la protección y el uso adecuado y el cuidado de los recursos naturales”. Poco después, Petro lo corrigió violentamente: nada de “reflexión” ni de “recursos naturales”. El motivo es, por el contrario, egoísta y fruto del pánico personal: “Mañana es un día de rebeldía nacional, mañana conjugamos las fuerzas de la vida, ahuyentamos los convocos (sic) de la muerte, mañana es el día de la vida en la tierra, mi día y tu día”.
Petro quería sabotear las manifestaciones opositoras del domingo 21 de abril que lo pondrán más cerca del fin de su detestable régimen.
Petro ofreció lo único que puede: el 19 de abril no sólo es el nombre completo de la terrible guerrilla en nombre de la cual él y sus compañeros cometieron tantas atrocidades. Es también la fecha del asesinato, por operadores del M-19, de uno de los mayores jefes históricos del sindicalismo libre colombiano: José Raquel Mercado.
Transcribo aquí algunas líneas de mi libro Las FARC: fracaso de un terrorismo, sobre las consecuencias de ese magnicidio, lamentablemente impune hasta el día de hoy.
Una vez fundado, el M-19 y sus jefes marxistas se hacen pasar por una organización “simpática”, que quiere hacer de la revolución “una fiesta”. Ese romanticismo de fachada no les impide atascarse muy rápidamente en un charco de sangre: en 1975 secuestran a Donald Cooper, gerente de los almacenes Sears, quién será soltado después del pago de un rescate de un millón de dólares. El 15 de febrero de 1976 tienden una trampa y secuestran a José Raquel mercado, el número uno de la CTC, la segunda central sindical del país por el número de afiliados y con reputación de ser de inspiración liberal. Durante años, José Raquel Mercado había sido víctima de una campaña de intrigas e insultos por parte del Partido Comunista que lo acusaba de ser un “sindicalista al servicio de los patronos”.
Mercado era realmente un jefe del sindicalismo libre, enérgico y hábil. Ese antiguo estibador de alejada ascendencia africana recibía críticas de parte de los comunistas donde la injuria racista era apenas velada. En realidad, constituía un obstáculo a las ambiciones de los comunistas en el frente sindical. Tras su secuestro, los raptores pretenden disfrazar su futuro crimen en acto de “justicia” revolucionaria. Acusan sin pruebas a Mercado de ser un “agente de la CIA”. Piden “al pueblo” pronunciarse a favor o en contra de la sentencia de muerte pronunciada contra el rehén. Era necesario escribir sobre las paredes de las ciudades un “sí” o un “no” para salvar o no la vida de Mercado. Esa grotesca farsa, que recuerda los asesinatos precedidos de los llamados “procesos del pueblo” que las Brigadas Rojas italianas habían inaugurado tres años atrás, concluirá el 19 de abril con el vil asesinato del sindicalista.
Hasta hoy no se han aclarado los verdaderos móviles de ese crimen. ¿Quién dio la orden de matar a José Raquel Mercado? ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Cuál era el verdadero objetivo de ese asesinato? Cuando se sabe que en esa época el M-19 no tenía intereses sindicales particulares (y no los tendrá nunca en verdad), pues no había conseguido desarrollar una penetración seria en el medio sindical, contrariamente a los comunistas cuya acción se orientaba claramente hacia la infiltración de todas las centrales sindicales, esa cuestión se impone. Otras dos informaciones dejan perplejo al observador: el 19 de septiembre de 1972, la CTC dirigida por José Raquel Mercado, había acusado a la embajada de la URSS en Colombia de financiar y fomentar la subversión en los sindicatos. El 26 de octubre de 1973, los sindicalistas de la CTC habían rechazado la idea de afiliarse a una “única central de trabajadores” controlada por los comunistas.
¿Mercado había pagado con su vida esa intransigencia? ¿Fue él objeto de una venganza a largo plazo y por intermedio de un grupo terrorista dirigido? Todo es posible. Sin el menor remordimiento, Jaime Bateman dirá más tarde que con la eliminación del líder sindical su grupo “había decolado mil veces”. En buen leninista, Bateman gesticulaba que el asunto Mercado no era un crimen sino un “acto de protesta”. Consideraba que ese asesinato había sido “un triunfo muy grande” porque “nos abrió las puertas de la clase obrera”. Después del asesinato de Mercado, en efecto, los responsables del sindicalismo libre supieron que una amenaza indeterminada planeaba de ahora en adelante sobre la cabeza de cada uno de ellos. Tulio Cuevas, dirigente de la UTC, la otra gran central obrera libre, curvará la espina frente a la CSTC comunista en 1977.
Un engranaje suplementario de presiones clandestinas estaba pues en marcha. Y es la escalada. El Ejército reacciona ante el asesinato de José Raquel Mercado y hace las primeras detenciones en la esfera de influencia del M-19. Pero éste ya se hallaba embarcado en una nueva provocación. El 31 de diciembre de 1978, aprovechando las fiestas de fin de año, un comando del M-19 roba 4.303 fusiles al Ejército en Bogotá, gracias a la construcción de un túnel de 80 metros de largo que desemboca en un depósito de armas. Los militares reaccionan de nuevo y detienen durante los días siguientes 2.400 activistas, entre los cuales se encuentran casi todos los jefes del M-19, excepto Bateman. Los militares recuperan en pocas semanas la totalidad del arsenal robado. Entre las personas detenidas se encuentran cinco uruguayos, incluidos tres (Alba González Souza, Sergio Betarte y Juan Víctor Vivanco) que eran antiguos militantes del movimiento Tupamaro, venidos a Colombia para entrenar a los miembros del M-19. El Ejército descubre también, en esa ofensiva, un plan de acción de las FARC: la compra de armas por un valor de 1.500.000 dólares para la implantación de diez nuevos frentes de guerrilla. La detención de los agitadores extranjeros suscita por su parte vivas protestas… en París. El 4 de marzo de 1979, una manifestación en la Place de la Concorde, que reúne a un centenar de personas, exige la liberación “inmediata” de esos “inocentes” y su no extradición al Uruguay, donde todos ellos tenían cuentas pendientes con la justicia.
().- Texto extraído del libro de Eduardo Mackenzie Las FARC: fracaso de un terrorismo, tercera edición a cargo de Ediciones de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colección Historia Siglo XX, 2023, Capítulo 7: La aparición de las nuevas fuerzas subversivas (p. 400 – 401).*
