Nueva ofensiva legal intenta frenar la investigación del CNE contra Gustavo Petro

El entorno del presidente Gustavo Petro sigue buscando frenar la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022.

Esta vez, la estrategia se trasladó al Consejo de Estado, donde el abogado Sebastián Méndez Tolosa presentó una demanda que solicita la anulación de la resolución del CNE emitida el 8 de octubre de 2024. En dicha resolución, se abrió una investigación y se formuló un pliego de cargos tanto contra Petro como contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por la presunta violación de topes de campaña y financiación ilegal.

El abogado argumenta en su demanda que el CNE no tiene la competencia legal para investigar a Petro en su calidad de presidente. Según Méndez Tolosa, la ley establece que cualquier denuncia por violación de los topes de campaña debe ser presentada dentro de los 30 días posteriores a la elección, es decir, en agosto de 2022, lo cual no ocurrió. Señala que las denuncias surgieron en febrero de 2023, superando el plazo legal, lo que debería haber llevado a su rechazo inmediato.

“El CNE ha excedido sus competencias al abrir esta investigación, y estamos ante un caso claro de caducidad”, afirmó Méndez Tolosa, quien además considera que el órgano electoral vulneró el debido proceso y actuó de forma arbitraria. En su demanda, el abogado invoca la nulidad de los actos del CNE y solicita que el caso sea remitido a la Fiscalía General de la Nación por un presunto prevaricato por acción.

La demanda será estudiada por la magistrada Gloria Gómez Montoya del Consejo de Estado, luego de que el magistrado Omar Joaquín Barreto se declarara impedido por haber trabajado previamente en una demanda relacionada con la elección presidencial de 2022. En su declaración, Barreto recordó que cualquier sanción por la presunta violación de los topes de campaña solo puede ser impuesta por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha manifestado abiertamente su rechazo a la investigación del CNE y ha instado a los abogados del país a interponer recursos legales contra los magistrados Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz y otros miembros del CNE, a quienes acusa de cometer prevaricato por acción. En un mensaje en sus redes sociales, Petro señaló que estos funcionarios están llevando a cabo un “golpe de Estado” contra su gobierno, y llamó al pueblo colombiano a actuar en consecuencia.

Este nuevo episodio marca otro capítulo en la prolongada disputa entre el gobierno de Petro y las entidades encargadas de velar por la transparencia en las elecciones, con el desenlace aún por definirse en el ámbito judicial. No es la primera acción judicial que intentan los petristas.

Hasta el momento, desde el propio Consejo de Estado hasta varios tribunales han fallado en contra de las pretensiones que han interpuesto desde los propios abogados del mandatario, pasando por cercanos y hasta el exgerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. A todos, las acciones les han sido rechazadas.