Senado brasileño aprobó reducción de la pena de Bolsonaro y envía la ley a Lula para su decisión

El Senado de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca reducir la condena de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años por su participación en una conspiración para un golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en las que ganó Luiz Inácio Lula da Silva.

La iniciativa, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, fue avalada en el Senado con 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora quedó en manos del presidente Lula, quien deberá decidir si promulga la ley o ejerce su derecho al veto.

Cabe recordar que el expresidente Bolsonaro, de 70 años, comenzó a cumplir su condena a finales de noviembre en una sala de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, con una pena que contemplaba al menos ocho años de prisión antes de poder optar a un régimen más flexible.

La nueva legislación modificó la duración de las penas, reduciendo el tiempo que deberá permanecer encarcelado el exmandatario a poco más de dos años, al impedir la acumulación de ciertas condenas vinculadas a los delitos por los que fue sentenciado.

El proyecto no solo beneficiaría al expresidente, sino también a más de un centenar de seguidores suyos que fueron encarcelados por generar disturbios ocurridos en enero de 2023 contra las sedes del poder en Brasilia, días después de la posesión de Lula.

La aprobación en el Congreso generó reacciones divididas, ya que mientras los aliados de Bolsonaro calificaron la medida como un paso hacia la reconciliación nacional, sus opositores protestaron en varias ciudades, denunciando un intento de impunidad para quienes atentaron contra la democracia.

El autor del proyecto, el diputado Paulinho da Força, defendió la iniciativa como un gesto para cerrar heridas en un país marcado por la polarización. Por su parte, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y posible candidato para las elecciones de 2026, pidió que el Senado resuelva el tema “de una vez por todas”.

Sin embargo, sectores del gobierno, entre los que se incluyó al senador Randolfe Rodrigues, anticiparon que Lula podría vetar la ley, aunque el Congreso tendría la posibilidad de superar ese veto en una votación posterior, dado que Lula ha afirmado públicamente en ocasiones anteriores que Bolsonaro debe cumplir su condena.

Cabe recordar que el pasado 22 de noviembre de 2025, el expresidente brasileño fue enviado nuevamente a prisión preventiva tras intentar manipular la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario.

La Corte Suprema, a través del juez Alexandre de Moraes, revocó el arresto domiciliario al considerar que existía un “riesgo real y concreto de fuga”, especialmente porque el intento de romper el dispositivo coincidió con una manifestación de simpatizantes frente a su residencia.

Por ese entonces, a pesar de la solicitud de sus abogados para mantenerlo en casa por razones de salud, la petición fue rechazada, por lo cual Bolsonaro fue trasladado a una sede de la Policía Federal en Brasilia, donde se le realizaron exámenes médicos antes de proceder con su reubicación.